El oro es rojo

Por: Alfredo Molano Bravo

El tema está en la agenda de todo el mundo. Para muchos —con razón— es una nueva forma de entregar la riqueza sobre la que estamos sentados, a cambio de nada.



 Los indígenas opinan que su explotación es como meterle la mano a la mamá, y lo más grave: por un desconocido. Un negro me dijo algo de una lógica aplastante: “Si se lo van a llevar para meterlo en el banco, ¿por qué más bien no construyen un banco encima de la mina?”. Piensan lo opuesto funcionarios y ejecutivos: ¿Cómo vamos a vivir muertos de hambre con tanta plata enterrada? Un gran debate está por comenzar, porque muertos ya ha dejado. Y dejará.

Desde la Colonia fuimos los principales productores de oro en América, hasta el descubrimiento de las minas de oro en California, que enloqueció a los gringos. La leyenda del oeste, sus revólveres, sus vaqueros, están ligados a la fiebre del oro, de la que Chaplin se burló, como se burló de Hitler, como se burló del progreso de la industria. Quimeras.

La crisis fiscal de todos los gobiernos, sumada al robo de las platas del Estado y al costo de mantener el clientelismo y sobre todo la guerra, nos ha vuelto a meter, primero en la explotación de petróleo, carbón y níquel, y ahora de oro. El país está concesionado.

El oro ha subido de precio por la crisis económica. De US$50 la onza troy en los 80, hoy se paga a 2.000. Y en Colombia su comercio es prácticamente libre. De ahí el negocio de los narcos. Compran un título de una mina de oro, entran los dólares, compran oro donde se los vendan y luego lo declaran como sacado de su mina. La confianza inversionista no era solo para las compañías canadienses, sino para los narcos.

La minería ilegal tiene varios socios. El dueño —o poseedor— de la tierra. Va con el 10% o el 15% sobre lo que sacan las dragas o las retroexcavadoras. Otro socio es el barequero. La mayoría son mujeres que lavan oro en los huecos que hacen las retros. Hay otros socios muy importantes: las autoridades locales. Hablo de policías, militares, guerrillas, paramilitares, alcaldes y corporaciones de desarrollo. Cobran sus servicios, que son de acceso, de vigilancia, de orden y de participación. La guerrilla, los paramilitares y los narcos son, pues, inversionistas. Los miembros de la fuerza pública —algunos, agrego para que los generales no se molesten— son parte central del negocio. El gobierno de Santos ha emprendido una pelea contra la minería ilegal alegando razones ambientales y sociales. En el papel, válido. En la realidad, difícil. En el fondo no son medidas a favor del medio ambiente y menos de la gente que explota con batea y almocafre. Su objetivo, como lo dice el señor Restrepo, un poderoso minero antioqueño, es abrirles el campo a las multinacionales de la minería, casi todas canadienses. Empresas que, a través de la Canadian International Development Agency (CIDA), contribuyeron a la redacción del nuevo código minero. Así que Santos se mete a sacar las castañas del fuego para que las grandes firmas extranjeras se coman la pepa. El lío no va a ser menor porque las alianzas de los ilegales son sólidas y para todos rentables. Mucha gente vive del oro desde hace siglos; otros recién llegados tienen armas y los demás, esa infinita codicia que produce la caca del diablo.

Los recientes decretos del Gobierno han sido redactados a favor de las grandes mineras que no pagan derechos de importación ni IVA, que reportan a su gusto lo que sacan, que emplean solo a los recomendados de los gamonales de la región y que botan a los ríos toneladas de mercurio, cianuro. El Gobierno tendrá que afrontar a bala la reacción que desatarán esas medidas, porque la gente que ha vivido siempre del oro no tiene salida y las grandes compañías tienen afán de sacar lo que haya para meterlo a “correr” en el sistema financiero. Sangre y oro. Como siempre.

·         Alfredo Molano Bravo | Elespectador.com

·         XI 11 2012-11.

·         Colombia

La tormenta política perfecta

Editorial de El Nuevo Día Noviembre 9, 2012

En pleno corazón de la sociedad más rica y poderosa del planeta, con equipos y recursos que solo allí se encuentran, la población ha sido impotente ante las fuerzas de la naturaleza y queda con la ominosa impresión de que la situación puede seguirse repitiendo a lo largo de las costas y en muy corto plazo.

La disputa por la Casa Blanca sacó también una confrontación de fondo: la necesidad de actuar de inmediato para contrarrestar el calentamiento global y sus desastrosas consecuencias o hacer de cuenta que esta es una invención de conservacionistas fanáticos que abrazan árboles y conversan con las plantas.

Como lo dejó saber Obama en su discurso de Chicago en la mañana del miércoles este es un tema que habrá de figurar de manera prioritaria en el nuevo mandato demócrata que ha de iniciarse en enero.

Es conocido que los Estados Unidos , su desaforado consumo y desperdicio contribuyen con gran parte de la contaminación y la producción de gases que aceleran el llamado efecto invernadero. 

De hecho el país del norte se ha rehusado consuetudinariamente a firmar los protocolos globales que pretenden mitigar los dañinos efectos en la atmósfera.

Si algo faltaba para crear conciencia de los peligros que asechan, la reciente tormenta Sidney, que azotó el Caribe y la costa oriental de los Estados Unidos tuvo múltiples y variados efectos.

Primero, la muerte de dos centenares de personas en Cuba y Estados Unidos;  segundo, la aterradora destrucción de las comunidades situadas en las costas de Nueva York y Nueva Jersey que todavía hoy no han recuperado servicios esenciales como la energía, el transporte colectivo y la distribución de combustibles en los inicios de la temporada invernal.

En pleno corazón de la sociedad más rica y poderosa del planeta, con equipos y recursos que solo allí se encuentran, la población ha sido impotente ante las fuerzas de la naturaleza y queda con la ominosa impresión de que la situación puede seguirse repitiendo a lo largo de las costas y en muy corto plazo.

Lo ocurrido en Estados Unidos y el Caribe, en Nueva Orleans hace unos años, los tsunamis que han causado centenares de miles de víctimas, los monzones del Océano Índico y el descongelamiento acelerado en Groenlandia y el Polo Norte no admiten argumento en contrario y solo puede mover a la acción inmediata y con el despliegue de todas las fuerzas y acciones posibles.

Por cierto, no faltan quienes atribuyan al Sandy el hecho de que mucha gente se volcó en masa a las urnas por Obama ante la terca negación de los republicanos y sus voceros.   

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EL NUEVO DÍA

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Algo anda mal: la minería no es una panacea para el desarrollo social o el equilibrio fiscal

Por: Alvaro Pardo / Director de Colombia Punto Medio

La ponencia presentada por el profesor Guillermo Rudas en el Foro Nacional Ambiental el pasado 25 de abril, concluye con cifras oficiales que no hay ningún municipio de las zonas productoras de carbón y oro del país, cuyos habitantes vivan hoy mejor que antes.

Por el contrario, el análisis de cuatro variables socioeconómicas –Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), muertes por causas violentas, mortalidad infantil y población en condición de miseria -, concluye que existe un evidente deterioro de las condiciones de vida de los pobladores comparado con municipios donde no hay minería.

En su trabajo "La locomotora minera ¿crecimiento compatible con la adaptación al cambio climático?", Rudas desnuda el discurso oficial y de las grandes compañías mineras sobre desarrollo y bienestar, utilizando para ello las estadísticas que divulgan los organismos oficiales.

Ojala que este trabajo, reproducido en la página de Colombia Punto Medio, sirva para que el Gobierno Nacional recapacite sobre la conveniencia de mantener un modelo de desarrollo minero inequitativo, oneroso y excluyente, y que en la reforma al Código de Minas que deberá presentar al Congreso, tenga en cuenta que el interés general de la Sociedad es superior a los intereses de la minería a gran escala.

Aunque el autor analiza también los riesgos de la locomotora en relación con la adaptación al cambio climático y la posibilidad de adelantar esta actividad sin generar un deterioro de gran magnitud sobre los recursos naturales renovables, en particular el agua en zonas estratégicas, aquí sólo vamos a comentar lo relativo a los asuntos sociales y fiscales.

Rudas arranca examinando las metas de la locomotora minera en el Plan de Desarrollo del actual gobierno y haciéndose la siguiente pregunta: ¿Puede la locomotora minera cumplir con los retos de superación de pobreza y de manejo del déficit fiscal que plantea el actual Plan de Desarrollo?

El autor toma las estadísticas oficiales de los principales departamentos y municipios productores de carbón (Guajira y Cesar), y de oro (Antioquia, Chocó, Bolívar y Córdoba), y hace dos tipos de comparaciones de las variables antes mencionadas para sacar algunas conclusiones en cuanto a la superación de la pobreza.

Primero, compara los indicadores socioeconómicos de los municipios de estos departamentos con los municipios de los demás departamentos, para observar sí la minería y la afluencia de regalías mineras ha contribuido al desarrollo y bienestar de la población.

En segundo lugar, Rudas compara los indicadores mencionados de los municipios mineros con los no mineros del mismo departamento, para verificar cómo los primeros han sido impactados, favorable o desfavorablemente, por la presencia y desarrollo de esta actividad.

En cuanto al aporte de la minería e hidrocarburos a la meta de reducir el déficit fiscal, el autor refina su conocido análisis sobre la tributación efectiva de este sector y concluye con nuevos hallazgos que en términos porcentuales paga más impuestos un trabajador independiente que los sectores de carbón y oro.

a. Crecimiento minero sin desarrollo efectivo.

Municipios de departamentos mineros versus departamentos no mineros

Los municipios de departamentos de la gran minería del carbón (Guajira y César), arrojan niveles de violencia inferiores a los demás departamentos del país, pero las estadísticas sociales son peores que en el resto del país.

a. La tasa de mortalidad infantil es de 44 muertes por cada mil nacidos contra 36 en el resto de los municipios del país. Este indicador es también significativamente más alto que el índice nacional de 26 muertos con cada mil nacidos.

b. En los municipios donde se desarrolla la gran minería del carbón, el índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), es del 56%, versus el 45% en los demás municipios del país y el 29% como índice nacional.

c. El 33% de los habitantes de los municipios de la gran minería del carbón viven en condiciones de miseria, contra el 21% en los demás municipios del país y el 12% de la población del país. La miseria es casi tres veces más grandes en los municipios donde operan El Cerrejón, Drummond y Prodeco, entre otros, que la miseria a nivel nacional.

Indicadores de municipios mineros versus no mineros de los mismos departamentos:

a. No se observan grandes diferencias en los indicadores de violencia entre estos dos grupos de municipios, de donde concluye que la minería de carbón no logra que los municipios que reciben directamente las regalías hayan logrado mejoras significativas en los indicadores de pobreza, en contraste con los demás municipios no mineros del mismo departamento.

En cuanto a la minería de Oro, Rudas examinó las mismas variables oficiales de los departamentos de Antioquia, Chocó, Bolívar y Córdoba, y llegó a las siguientes conclusiones:

a. De los cuatro departamentos estudiados, tres de ellos, Chocó, Bolívar y Córdoba, presentan tasas de mortalidad infantil, NBI y situación de miseria significativamente superiores al municipio promedio del país.

b. En el caso de Antioquia, donde se localizan los municipios con mayor producción de oro del país, éstos registran un índice de muertes violentas significativamente superiores al promedio del resto de los municipios: 57 muertes por cada cien mil habitantes, contra 44 en los demás municipios.

c. Pero en los otros tres indicadores, los municipios auríferos de este departamento presentan, en promedio, niveles significativamente mejores que los del resto del país. Recordemos que en Antioquia prevalece la pequeña y mediana minería, pese a la presencia de Mineros S.A., y que la generación de riqueza tiende a distribuirse mejor a nivel local, que la riqueza generada por los enclaves.

d. Pero lo más preocupante, añade Rudas, es que la diferencia entre los municipios mineros y no mineros de Antioquia, es significativa: Los municipios mineros registran, según cifras oficiales, 96 muertes violentas por cada cien mil habitantes, cifra que más que duplica el promedio de los demás municipios del departamento.

e. El análisis de estos indicadores muestra que "la minería de oro no genera mejoras significativas en las condiciones de la población, de por sí ya muy deteriorada, en contraste con los municipios donde no hay esta minería.

Un análisis específico hecho en los municipios de El Bagre, Nechí y Zaragoza, donde opera la compañía Mineros S.A., concluye que la situación es extremadamente grave en cuanto a condiciones de miseria y NBI. Por tanto, hablar de la presencia de grandes compañías mineras formales no es condición suficiente para mejorar las condiciones de vida de la población del área de influencia minera.

Beneficios tributarios a la minería y a los hidrocarburos

Se pregunta Guillermo Rudas sí el enorme auge de la actividad minera en el país se está canalizando para sanear las finanzas públicas nacionales, como propone el Plan de Desarrollo del Presidente Santos.

Un análisis más refinado del autor y a partir de las cifras del DANE sobre estos sectores (la DIAN tiene cifras agregadas y son confidenciales), muestra que además de los enormes beneficios especiales y transitorios (en algunos casos), así como el manejo particular de la depreciación y amortización de las inversiones, el descuento de las regalías y descuentos del IVA, se llega a la conclusión de que la tasa efectiva de tributación sobre utilidades es apenas del 12% en los últimos tres años.

Estas tasas son especialmente bajas en el caso del carbón (7,4%) y los metales preciosos (4,3%). Se trata de una tasa ridícula, más cuando a la mayoría de los colombianos nos descuentan, por la derecha y sin derecho "a pataleo", tasas del 10 a 11% de retención en la fuente por honorarios.

Ahora bien, esta es la realidad tributaria en un escenario donde no hay evasión. Sin embargo, Rudas muestra como, también a partir de cifras oficiales, las exportaciones de oro superaron con creces la producción aurífera registrada. Aquí la autoridad falló al permitir la venta al exterior de oro sin verificar que hubiesen pagado regalías y denuncia la falta de información para verificar si se trata de inventarios previos, producción formal, contrabando o exportaciones ficticias para lavar dólares.

Finalmente, encuentra que los beneficios obtenidos por las compañías mineras y petroleras (impuestos nominales menos impuesto efectivo), éstas superan las regalías. Esta es la conclusión más dramática, pues significa que estamos entregando a cero costo los Recursos Naturales No Renovables del país e incluso pagando a las compañías por el enorme favor de operar en Colombia.

No será que la avalancha de inversión extranjera en estos sectores tiene que ver, no con la seguridad jurídica de los inversionistas o con el volumen de reservas por encontrar, sino con que a espaldas de los colombianos, se generó un verdadero paraíso fiscal para los especuladores internacionales.

Nota: Obsérvese que las más grandes compañías productoras de carbón y oro en el país, la mayoría multinacionales, hacen parte del gremio de la Minería a Gran Escala, conformada para hacer creer a los colombianos que con su "minería responsable", contribuyen a mejorar la vida de los colombianos y a que el 80% de la renta que generan, queda en el país por conceptos que hasta la fecha no conocemos.

¡Algún día habrá que indignarse!

http://www.colombiapuntomedio.com/Visualizar/tabid/79/ArticleId/367/Algo-anda-mal-La-mineria-no-es-una-panacea-para-el-desarrollo-social-o-el-equilibrio-fiscal.aspx

Muchas minas, poco desarrollo

En Antioquia, Chocó, La Guajira y Cesar, el oro y el carbón siguen sin traer progreso a las regiones

Por: Sergio Silva Numa / Angélica María Cuevas G.

Noviembre 3 de 2012

Los departamentos con más presencia minera siguen viviendo entre homicidios y pobreza.

Las aguas del río San Juan, un importante afluente que serpentea por el Chocó desde los Andes colombianos, lo vieron todo. El 19 de octubre sus playas tuvieron que soportar el peso de la minería. Ahí, en la arena, aparentemente por oponerse a las explotadoras de carbón que se enamoraron de la riqueza de la selva, amaneció sin vida José Nelson Ledesma, líder comunitario de Profundó, un corregimiento al oriente de la región.

Y aunque él, de 67 años, jamás denunció amenazas o intimidaciones, todos los rumores apuntan hacia los mismos culpables: bandas criminales que se están adueñando de las tierras para extraer sus tesoros. Muchos, ahora, tienen miedo y quieren irse; quieren dejarlo todo y echarse a andar.

Ellos, como muchos colombianos, tal vez tendrán que padecer desde ahora —aunque el oro de sus vecinos ya se los había anunciado hace un par de lustros— el paso de una locomotora que, pese a haber obtenido millonarias ganancias, no refleja su fortuna en las condiciones socioeconómicas de las regiones en que se encuentran los recursos explotados.

Eso es lo que se logra concluir de un estudio realizado por el economista e investigador Guillermo Rudas y financiado por el Fondo Nacional Ambiental. Su proyecto no pretende otra cosa que evidenciar el panorama que se desprende de la explotación minera, un asunto que, como dice Santiago Londoño, secretario de Gobierno de la Gobernación de Antioquia, “ha hecho que la riqueza del subsuelo nunca se convierta en la riqueza de quienes habitan el suelo”.

La investigación de Rudas resalta los enormes recursos que la actividad minera le aporta al país: su participación en el impuesto a la renta, por ejemplo, lo pone en el primer lugar de todos los sectores económicos.

Sin embargo, ese dinero, en ocasiones debió ser mucho mayor al estimado, dice Rudas. Calcula que en 2010 este sector debió declarar $16 billones por impuesto a la renta, pero por ventajas fiscales esa cifra se redujo a tan solo $5,5 billones.

De igual manera, las regalías dejaron cuantiosos montos: para 2011 el país recaudó $8,8 billones, a diferencia de los $2,7 billones que logró en 2004.

Pero aún así, esas inimaginables cifras no parecen verse reflejadas en el bienestar de quienes habitan los principales lugares de explotación del país. En el caso de Cesar y La Guajira, departamentos que durante décadas han tenido explotación carbonífera de grandes multinacionales, existen índices que contrastan de manera sorprendente con el promedio del resto de regiones del país. La mortalidad infantil supera en casi 10 puntos el índice nacional; las necesidades básicas insatisfechas (NBI) son del 56%; y el porcentaje de miseria alcanza el 43% en el caso de La Guajira, mientras que en el país es de 12%.

El desalentador paisaje se replica en muchos territorios. El oro, otra de las principales fuentes de la minería y del que se exportan más de 60 toneladas anuales, también ha dejado secuelas pese a su preciado valor comercial. Chocó, Bolívar, Córdoba y Antioquia son los más claros ejemplos de esta situación.

Según la investigación de Rudas, en Chocó está el más alto índice de mortalidad infantil: 69 puntos frente a los 26 del promedio colombiano. Antioquia, por su parte, es la que más muertes violentas presenta, con 57 por cada cien mil habitantes. Pero el dato más alarmante es el índice de miseria que agobia a todo este territorio: en Chocó el 34% de sus habitantes padecen esta condición, en Córdoba el 35% y en Bolívar el 38%.

En el sur de este último departamento la minería está acabando con los ecosistemas y la salud de la población. Mercurio y cianuro transitan por los ríos que surten de agua y peces a los habitantes, desembocando en graves enfermedades. “Por eso, aunque tengamos 27 ciénagas, la tierra, la fauna y la flora están totalmente destruidas. Y con eso viene la violencia: los Urabeños y las Águilas Negras se están apoderando de los municipios de San Pablo y Simití”, cuenta José Férez Marconi, personero del último.

Allí en Simití se vive el trabajo infantil, la prestación precaria de servicios básicos, el aumento de extorsiones y un sin número de casos de violencia sexual contra las mujeres. “La minería lo único que nos ha traído es pobreza”, dice Férez.

Con él concuerda Jhoaris Perea, personero de Condoto (Chocó). Ahí, por culpa de los grupos armados que llegaron a apropiarse de terrenos que en sus entrañas guardan reservas minerales, en 2004, una buena parte de la población tuvo que abandonar sus hogares. “Éramos conocidos como la capital del oro y del platino, pero ese nombre ya no concuerda con el desarrollo del municipio. Esa riqueza no se ve”, asegura Perea.

En Condoto, la minería, como si no le bastase con distribuir la fortuna que acumula de forma inequitativa, también ha destruido casas, denuncia el personero. Dice que las 30 que conformaban el barrio Platinero empezaron a agrietarse porque por culpa de las ineludibles máquinas que se adentraban en la tierra, el suelo no pudo evitar removerse. Las grietas entonces comenzaron a aparecer en las paredes, anunciando un inminente derrumbe. Hace un año luchan con la empresa responsable, pero todavía esperan, por lo menos, llegar a un acuerdo conciliatorio.

Esos escenarios, repletos de violencia y miseria, no cesan de repetirse a lo largo y ancho de esos departamentos. “En Antioquia la situación está muy complicada. En municipios como Remedios y Segovia (Bajo Cauca) esa debilidad está acompañada de una feroz confrontación de bandas criminales. Con las Farc y el Eln, que controlan la minería ilegal, se han multiplicado los homicidios terriblemente. En el nordeste la tasa de homicidios se encuentra en 100 muertes por cada 100.000 habitantes; eso supera por tres las muertes violentas de Medellín (35/100.000) y está muy por encima del promedio del departamento (41/100.000)”, afirma el secretario de Gobierno departamental.

Antioquia, además, tiene el infortunio de respirar mercurio. Es justo al nordeste donde se producen las mayores cantidades del tóxico mineral, para luego viajar por un río Cauca que atraviesa gran parte del país y un aire que alcanza distancias inimaginables.

Hoy en día las minas auríferas ilegales están reemplazando los cultivos ilícitos. “Es que es un negocio que mueve mucho dinero: una bolsa de oro se cotiza en US$1.600 y se calcula que Antioquia extrae anualmente 24 toneladas. Se requiere el fortalecimiento de las instituciones”, dice Londoño.

“¿Puede la locomotora avanzar hacia la superación de la pobreza y el manejo del déficit fiscal que plantea el actual plan de desarrollo?”, pregunta Rudas en su informe.

Tal vez, mientras predomine este panorama, la respuesta a esa pregunta será repetitiva e ineluctable. Tal vez, como él mismo lo dice, hasta que se reforme el actual régimen tributario y se mejore la capacidad del Estado para ejercer control, la explotación minera y de hidrocarburos no podrá superar los retos económicos, sociales y ambientales.

Y para Rudas aún queda una enorme duda: “lo que ahora tendremos que revisar es si realmente la modificación de la Ley de Regalías va a resolver estos problemas, que no fueron abordados de fondo en el planteamiento de este nuevo sistema. No existen evidencias de que al regar la mermelada por toda la tostada las violaciones a los derechos humanos vayan a cesar”.

Sergio Silva Numa / Angélica María Cuevas G. | Elespectador.com

Los insensatos

Por: SALUD HERNáNDEZ-MORA |  03 de Noviembre del 2012

Hay voces que claman en el desierto, que gritan a los cuatro vientos la imperiosa necesidad de dar ya un giro brusco a nuestros patrones de consumo, pero seguimos sordos a sus advertencias.

Sigamos destrozando la Naturaleza que la Naturaleza acabará con nosotros. Creemos que podemos doblegarla a nuestro antojo, explotar carbón a cielo abierto, arruinar páramos, convertir ríos en cloacas, tumbar selvas para extraer petróleo, consumir gasolina, ropa, agua y aparatos desechables de manera desaforada y que nos va a salir gratis. Pues ya vieron en la capital del mundo y regiones aledañas. El huracán Sandy les recordó que si seguimos por esta senda, vamos derecho al abismo.

Hay voces que claman en el desierto, que gritan a los cuatro vientos la imperiosa necesidad de dar ya un giro brusco a nuestros patrones de consumo, pero seguimos sordos a sus advertencias.

Un experto en la materia, Kevin Trenberth, del Centro Nacional para la Investigación Atmosférica de Estados Unidos, dijo que si bien el huracán no se puede evitar, el cambio climático "ha hecho que sus efectos sean entre un cinco y un diez por ciento más fuertes de lo que cabría esperar de una tormenta de estas características. La temperatura del agua es mayor, las olas más grandes y la lluvia más fuerte a consecuencia de la perturbación humana del clima". Lo leí esta semana en Confidencialcolombia.com y seguro que tampoco esta vez le pararemos bolas.

Y en El Mundo de España publicó un experto, Antonio Ruiz de Elvira, "los fenómenos meteorológicos se van a hacer cada vez más extremos conforme avance el siglo y tanto cuanto más carbón, petróleo y gas quememos (...) El ser humano es muy lento en darse cuenta de las consecuencias de sus acciones, y rechaza de plano los avisos que le dan".

Aún hay demasiado insensato que da la espalda a los evidentes signos que emite el planeta. Y lo que más sorprende es que sea la juventud la que desprecia las alertas y no es capaz de modificar su estilo de vida para aportar su grano de arena.

Por supuesto que las políticas públicas equivocadas y suicidas de los gobiernos son las que más daño causan al medio ambiente, pero cada ciudadano no puede eludir su responsabilidad.

Uno creía que después de leer sobre el cambio climático y padecer un rosario de catástrofes naturales como nunca antes, la ciudadanía sería más consciente y, por ejemplo, bajaría al consumo de aires acondicionados. Pero si uno viaja a Estados Unidos comprobará que no han reducido un solo grado, que hace el mismo helaje en aeropuertos y oficinas, y si es un apartamento de fin de semana de Cartagena o Santa Marta, pueden llegar a tener el aire prendido las 24 horas.

Y aunque parezca mentira, en las grandes ciudades colombianas apenas se recicla, ni siquiera separan el vidrio en infinidad de edificios. Arrojan toda la basura al mismo recipiente y como la empresa que recolecta gana por kilo y no por material reciclado, tampoco hacen el menor esfuerzo.

Me contaban el otro día que algo tan sencillo, como los conos de tránsito que vemos en la mayoría de carreteras y calles, son de un plástico no reciclable cuando existen otros que se reutilizan. Uno imagina montañas y montañas de esos conos, de vasos de icopor, de televisores viejos, de cargadores de celular, pilas, llantas, bolsas plásticas, latas, pantalones viejos, pañales, y entra en pánico.

Para quienes presumen que tenemos tres cordilleras y dos océanos, los reto a que pongan el dedo sobre un mapa de Colombia donde quieran. Les aseguro que en ese punto, en un radio de 50 kilómetros como máximo, algo está depredando la Naturaleza: minas de oro, de carbón, coca, madereros furtivos, pueblos y pequeñas fábricas que arrojan desechos a los ríos, quemas masivas, amapola, por citar solo unos casos.

Sigan creyendo que la Colombia exuberante y verde es eterna y no hagamos nada. Veremos a la vuelta de unos años de qué color la dejamos.

Salud Hernández-Mora

La Loma (Cesar) no tenía montañas; minería le regaló una de desechos

Por: SALUD HERNáNDEZ-MORA ESPECIAL PARA EL TIEMPO | 7:31 p.m. | 01 de Noviembre del 2012

Minería a cielo abierto está dejándoles a los pobladores de este corregimiento un paisaje aterrador.

Por fin el pueblo hace honor a su nombre. Una empresa carbonera le regaló una loma, única elevación en la llanura donde está enclavado. Se divisa desde cualquier punto de la localidad, está pegada al casco urbano y cada día crece. No tiene árboles ni matorrales ni fuentes hídricas, todo es tierra negruzca, gris y ocre, y por sus laderas trepa día y noche un regimiento de gigantescas volquetas que descargan sobre la cima cientos de toneladas de ‘estéril’, como se denomina a estos desechos.

En el corregimiento La Loma, municipio de El Paso (Cesar), la explotación de carbón a cielo abierto y su espejismo de riqueza dominan la escena.

En sus calles destapadas, el dinero corre con alegría las veinticuatro horas. No hay buen acueducto ni alcantarillado eficiente, pero proliferan las prostitutas, el comercio y los bares donde los mineros, llegados de distintos puntos del país, derrochan sus salarios.

Sólo unos pocos lugareños tienen horizontes más anchos. Por eso luchan contra los irreparables perjuicios que la bonanza carbonera inflige a la Naturaleza, aun a sabiendas de que pocos quieren escucharlos.

“Imposible restaurar el daño medioambiental causado. Eso es una mentira que se la echan y se la creen las compañías mineras. El Ministerio de Ambiente pone unas normas mínimas, es todo un globo de engaños”, advierte Lucho Restrepo, dueño de un restaurante y excandidato a la alcaldía. Nació en La Loma, siempre ha vivido en su pueblo y ahí quiere envejecer con su familia, pero al ritmo que avanza la depredación minera será difícil que cumpla el sueño.

“Pueden traer los ambientalistas más tesos del planeta, que no hay forma de compensar el desastre. Todos los ríos se nos están sedimentando a velocidad exagerada, el caudal del Calenturitas se ha subido metro y medio en tres años. Pero si nos damos la mano entre todos, y como no hay marcha atrás porque nadie para la locomotora minera, solucionamos algo”, agrega.

Prueba de la desidia oficial es que tres años después del desvío de dicho río por la empresa Prodeco, aún no hay un estudio oficial sobre su impacto, y próximamente CNR volverá a modificar el cauce para explotar la mina Francia 2.

Entre la montaña de ‘estéril’ y el centro urbano de La Loma, la única barrera son unas filas de árboles que plantaron las carboneras para que los vecinos más próximos no la vean tan encima.

Pero a medida que uno se acerca, impresionan tanto la altura y el ancho que ha adquirido en pocos meses el cerro, como la profundidad y extensión de los cráteres abiertos en su lecho para extraer carbón. Es una visión apocalíptica, el escenario que Hollywood habría elegido para filmar sus películas futuristas donde grupos de humanos se despedazan en una guerra por el agua.

En el futuro, todos los huecos alcanzarán 40 kilómetros corridos, una suerte de muralla china infranqueable, para lo cual tendrán que desviar aún más ríos y encauzarlos por canales artificiales.

Una vez extraigan todo el mineral, las carboneras tienen la obligación de rellenar los cráteres con el mismo ‘estéril’ que sacaron y con capa vegetal, a fin de que la llanura recupere su fisonomía original.

Para hacerse una idea de la envergadura de la tarea, extraer los cincuenta millones de toneladas de carbón previstos implica remover quinientos millones de metros cúbicos de tierra. Tal vez por eso, después de lustros de trabajo, aún ninguna compañía ha colmado el primer cráter.

Si la explotación de carbón a cielo abierto está cambiando a pasos agigantados la faz del centro del Cesar, que eran tierras agrícolas y ganaderas, tapizadas de árboles, cultivos y pastos, no ha sido capaz, sin embargo, de lograr una transformación social tan radical pese a los miles de puestos de trabajo que viene creando desde 1994.

No hay más que darse una vuelta por las casuchas de La Feria, barrio de invasión a la entrada de La Loma. “Será por fuera que ganan plata, porque aquí no se ve –dice Anabel Sampayo, madre de cuatro hijos–. Llegué con la esperanza de mejorar la vida por lo que uno oye por fuera. Pero solo saca uno para no pasar hambre”.

Tampoco irradió riqueza en la zona rural. A ocho kilómetros de La Loma, en el pequeño corregimiento Potrerito, las casas de bahareque y madera y las vías polvorientas muestran una realidad que contrasta con las abultadas ganancias de las compañías mineras y las regalías que entregan.

Ante la incapacidad de la economía sustentada sobre el carbón para combatir la miseria, fracaso del que también es responsable una dirigencia corrupta, lo incluyeron en el Programa de Erradicación de la Pobreza, en el que participan el gobierno central, la Gobernación, la Alcaldía –en este caso, El Paso– y las empresas mineras.

“Dicen que van a pavimentar los ocho kilómetros hasta La Loma, que van a crear una cooperativa, veremos”, comenta escéptico un lugareño.
No es la única población que evidencia la incapacidad antes apuntada: La Palmita, en La Jagua de Ibirico, municipio colindante y uno de los más elocuentes monumentos a la corrupción y a la catástrofe ambiental, está dentro del mismo programa.

Tampoco pudieron las grandes compañías reubicar El Hatillo, un caserío acorralado por las minas y la pobreza. En los cinco años transcurridos desde que iniciaron los primeros contactos, han celebrado incontables reuniones que no condujeron a nada. Con el fin de romper la inercia, las mineras contrataron a Replan, firma experta en reasentamientos que tiene la misión de diseñar una nueva ruta.

“Nos están tomando el pelo, están jugando con nosotros”, protesta Eleside Sosa, una de sus 633 habitantes obligados a vivir en medio de un secarral.

Además de ser desagradable tener enfrente una loma de ‘estéril’, es también peligrosa para la salud por ser rica en azufre y hierro, entre otros elementos tan contaminantes como los explosivos que emplean a diario para volar roca. En un solo trancado pueden hacer estallar medio millón de metros cúbicos de piedra.

En suma, como dice un ambientalista cesarense, que prefiere permanecer en el anonimato, “hay que elegir la vocación del departamento, si reserva agrícola y forestal o desierto minero”.

Salud Hernández-Mora
Especial para EL TIEMPO
La Loma (Cesar).

Sudáfrica: 100 mil mineros rehúsan suspender huelgas

POR SETH GALINSKY  

Alrededor de 100 mil mineros en Sudáfrica, incluyendo trabajadores en minas de oro, platino, carbón, cromo, hierro y diamantes se rehúsan a regresar a trabajar hasta que se cumplan sus demandas de aumentos salariales considerables. Algunas de las huelgas comenzaron en agosto, otras apenas en las últimas semanas. Por otro lado, cerca de 19 mil trabajadores en dos minas de oro suspendieron su huelga después que la compañía amenazó con despedirlos.

Todas las huelgas mineras son “ilegales” o sea, que se han llevado a cabo antes de que expiren los convenios sindicales. En muchas de las minas los trabajadores han elegido comités de huelga independientes de los sindicatos existentes.

AngloGold Ashanti, la tercera mayor empresa minera de oro en el mundo con operaciones en 10 países y en cuatro continentes, dijo que aumentaría los salarios por casi 500 rand (57 dólares) promoviendo a muchos de los trabajadores a un nivel salarial superior. La huelga paralizó las operaciones de AngloGold.

La compañía presentó un ultimátum a miles de huelguistas de regresar a trabajar bajo la nueva oferta antes del 24 de octubre o ser despedidos, y declaró que ellos “no podían pagar” los aumentos de hasta 12 500 y 18 500 rand al mes por encima de los 8 mil rand (927 dólares) que ganan actualmente que exigen los trabajadores.

Las minas de AngloGold en Sudáfrica son las más profundas del mundo. Los mineros a menudo tienen que caminar más de una milla para alcanzar su sitio de trabajo después de viajar hasta una hora y media en los ascensores de la mina.

“Es básicamente un infierno allí abajo”, dijo al Militante el minero Tshepo Motloi en una entrevista por teléfono desde Carletonville. Motloi ha estado en huelga desde el 25 de septiembre. “La ventilación es inadecuada y muchas personas se enferman de tuberculosis. Hace tanto calor, que a veces bebo seis litros de agua al día. He visto a gente morir de insolación, pero aún así la producción tiene que seguir”.

“Un minero calificado gana cerca de 8 mil rand al mes por jornadas de 12 a 16 horas al día, lo cual es una miseria tomando en cuenta el aire y el polvo que uno respira”, dijo Motloi. “Sacamos el oro que va a enriquecer a otra persona, pero no podemos obtener la atención médica apropiada para nuestros hijos, ni podemos dar a nuestras esposas lo que se merecen”.

Por lo menos una decena de huelguistas de AngloGold fueron arrestados la semana pasada, incluyendo el dirigente del comité de huelga Solly Malejane, que ha sido acusado de “incitación a la violencia”.

“Esa es una ley de la era del apartheid que el gobierno ahora está utilizando”, señaló Motloi. Malejane fue excarcelado el 23 de octubre.

“No estoy diciendo que los mineros ganan mucho dinero”, dijo el portavoz de AngloGold, Alan Fine, en una entrevista telefónica el 22 de octubre, “pero los salarios reales han aumentado el 2.8 por ciento por año desde el advenimiento de la democracia en 1994”, refiriéndose a las elecciones que marcaron el fin del régimen supremacista blanco en Sudáfrica, y que llevaron al poder al Congreso Nacional Africano.

Fine afirmó que AngloGold “ha tenido mucho éxito” en reducir los índices de silicosis, una enfermedad debilitante muy común especialmente entre los mineros de oro. Más de 288 mil mineros en el país padecen de la enfermedad.

Fine admitió que los mineros con silicosis que ya no pueden trabajar no reciben salario. Más bien, reciben un pago único equivalente a dos semanas de salario por cada año de servicio. Aunque por ley deben de recibir tratamiento médico gratis, dijo Fine, debido a que la mayoría de las minas se encuentran en zonas rurales, “esto realmente resulta no ser tan útil para ellos”.

Unos 19 mil trabajadores en dos de las tres minas de la empresa Gold Fields que habían estado en huelga desde septiembre, regresaron a trabajar el 17 y 18 de octubre, dijo la compañía. Pero no los 8 500 trabajadores de la mina KDC East, que se declararon en huelga el 14 de octubre para exigir que los 100 trabajadores arrestados por la policía durante su huelga de una semana en septiembre sean excarcelados y que se retiren los cargos contra ellos.

Los mineros han enfrentado oposición a las huelgas por parte de funcionarios de la Unión Nacional de Mineros (NUM) y el Congreso de Sindicatos de Sudáfrica (COSATU), que son aliados del gobierno.

El 16 de octubre, los 1 800 mineros de la mina Cullinan de la empresa Petra Diamond se declararon en huelga para exigir que les aumenten el salario a 12 500 rand por mes. A principios del mes ellos suspendieron una breve huelga de brazos caídos a petición de la dirección de la NUM.