Maximización versus optimización

Leonardo Boff


Hay una ética subyacente tras la cultura productivista y consumista, hoy ampliamente en crisis por causa de la huella ecológica del planeta Tierra, cuyos límites hemos sobrepasado en un 30%. La superabundancia de bienes y servicios como hasta hace poco tenía la Tierra necesita de un año y medio para reponer lo que le extraemos durante un año. Y no parece que la furia consumista esté disminuyendo. Al contrario, el sistema vigente, para salvarse, incentiva más y más el consumo que, a su vez, requiere más y más producción que acaba estresando todavía más todos los ecosistemas y al planeta como un todo.

La ética que preside este modo de vivir es la de la maximización de todo lo que hacemos: maximizar la construcción de fábricas, de carreteras, de coches, de combustibles, de ordenadores, de teléfonos móviles; maximizar programas de entretenimiento, novelas, cursos, reciclajes, producción intelectual y científica. La producción no puede parar, de lo contrario ocurriría un colapso en el consumo y en el empleo. En el fondo es siempre más de lo mismo y sin el sentido de los límites soportables por la naturaleza.

Imitando a Nietzsche preguntamos: ¿cuánta maximización aguanta el estómago físico y espiritual humano? Se llega a un punto de saturación cuyo efecto directo es el vacío existencial. Se descubre que la felicidad humana no está en maximizar, ni en engordar la cuenta bancaria, ni en el número de bienes en la cesta de los productos consumibles. El hecho es que el ser humano tiene otras hambres: de comunicación, de solidaridad, de amor, de trascendencia, entre otras. Éstas, por su naturaleza, son insaciables, pues pueden crecer y diversificarse indefinidamente. En ellas se esconde el secreto de la felicidad. Pero en palabras del filósofo Ludwig Wittgenstein citando a San Agustín: «hemos tenido que construir caminos tormentosos por los cuales hemos sido obligados a transitar con multiplicados cansancios y sufrimientos impuestos a los hijos e hijas de Adán y Eva».

Lógicamente necesitamos cierta cantidad de alimentos para mantener la vida. Pero los alimentos excesivos, maximizados, causan obesidad y enfermedades. Los países ricos maximizaron de tal manera la oferta de medios de vida y la infraestructura material que destruyeron sus bosques (Europa sólo conserva el 0.1% de sus bosques originales), destruyeron ecosistemas y gran parte de la biodiversidad además de gestar perversas desigualdades entre ricos y pobres.

Debemos caminar en dirección a una ética diferente, la de la optimización. Ella se funda en una concepción sistémica de la naturaleza y de la vida. Todos los sistemas vivos procuran optimizar las relaciones que sostienen la vida. El sistema busca un equilibrio dinámico, aprovechando todos los ingredientes de la naturaleza, sin producir residuos, optimizando la calidad e incluyendo a todos. En la esfera humana, esta optimización presupone el sentido de autolimitación y la búsqueda de la justa medida. La base material sobria y decente posibilita el desarrollo de algunos materiales que son los bienes del espíritu, como la solidaridad hacia los más vulnerables, la compasión, el amor que deshace los mecanismos de agresividad, supera los preceptos y no permite que las diferencias sean tratadas como desigualdades.

Tal vez la crisis actual del capital material, siempre limitado, nos enseñe a vivir a partir del capital humano y espiritual, siempre ilimitado y abierto nuevas expresiones. Él nos posibilita tener experiencias espirituales de celebración del misterio de la existencia y de gratitud por nuestro lugar en el conjunto de los seres. Con esto maximizamos nuestras potencialidades latentes, aquellas que guardan el secreto de la plenitud, tan ansiada.

Fuente: http://www.servicioskoinonia.org/boff/articulo.php?num=480 

La minería depredadora

Por: IMELDA DAZA | 9:06 p.m. | 19 de Abril del 2012 El Tiempo


La minería extractiva es, además de un problema económico y ambiental, un asunto político de gran trascendencia por cuanto implica tomar decisiones que comprometen a veces la integridad del país y afectan la vida de los ciudadanos. La minería del carbón en La Guajira y en el Cesar amerita un cuestionamiento serio; el extractivismo depredatorio va dejando, por ahora, escasos beneficios y muchos lastres. ¿A qué modelo de desarrollo le apunta el otorgamiento de licencias a granel? ¿A qué obedece el afán desbordado de obtener  permisos de explotación por parte de particulares, y del Gobierno por adjudicarlos? Todo, a espaldas de una ciudadanía cuya opinión no cuenta. Los pobladores, que tendrían derecho a beneficiarse de los recursos con los que la naturaleza los dotó, terminan desplazados, ilusionados con espejitos de bienestar y conformes con las migajas que les llegan a través de las regalías, buena parte de las cuales se "esfuma" en los entresijos de la corrupción. Es así por la debilidad institucional de la región, por falta de control político, fiscal y administrativo.
Mucho se habla en algunas esferas gubernamentales de desarrollo sostenible y sustentable. Conviene preguntarse: ¿Qué modelo inspiró la política minera? ¿Cuáles son y quién hizo los estudios de impacto ambiental de la minería a cielo abierto? ¿Qué recomiendan? ¿Quién vigila? El debate es necesario, lo contrario es aceptar las imposiciones del Gobierno y de las empresas transnacionales, que, en nombre de un falso desarrollo y del afán inversionista, andan desaforadas escarbando el último rincón para extraer, como sea, el carbón. Ya se habla de concentración de títulos mineros en pocas empresas y/o personas y de falta de rigor técnico en el análisis de la capacidad operativa y económica de los favorecidos con las licencias.

Desde luego, el apetito por los carbones colombianos está justificado, son los mejores del mundo, son minerales limpios, poco contaminados y de alto valor energético; así lo dicen los compradores y así lo anuncia en su página web la transnacional brasilera MPX, a la que le fueron adjudicadas 62.200 hectáreas en La Guajira; son tres minas a cielo abierto: Cañaverales, Papayal y San Benito, y otra mina subterránea en San Juan del Cesar. Las reservas probables alcanzan los 1.740 millones de toneladas. El propietario de la empresa ha dicho que los activos de estas minas son de un valor inestimable, pero los ha calculado entre 4.000 y 6.000 millones de dólares. La producción se estima en 25 millones de toneladas anuales a partir del 2012, cifra que crecerá hasta 35 millones en el 2015 y se duplicará a partir del 2020. Con el volumen de reservas anotado, tienen para muchos años de buenas ganancias. Comparadas estas cifras con el monto de las regalías que percibirán el departamento y los municipios, se entiende la clase de negocios que hace el Estado colombiano en nombre de los guajiros.

La Guajira es el primer productor de gas y de carbón en Colombia desde hace varias décadas. Sin embargo, su PIB per cápita es inferior al promedio nacional y descendió notoriamente en la década del 60, cuando aumentaban las regalías; es un departamento con una deuda pública elevada y sus tasas de cobertura en salud y educación son inferiores al promedio nacional. Los encadenamientos productivos que generan las explotaciones carboníferas son pocos y limitados. El desempleo es muy alto y el contrabando, sobre todo el de gasolina, sigue siendo una importante fuente de ingresos para la mayoría de los jóvenes.
No hay que oponerse a la explotación de los recursos naturales ni pretender limitar la inversión nacional o extranjera. Pero tampoco puede permitirse que todo esto se dé a costa del deterioro ambiental y en perjuicio de la mayoría de los habitantes de la región. Urgen muchas rectificaciones y la acción ciudadana es vital para adelantar ese proceso.

La gratuidad de la minería

El Tiempo

Por: GUILLERMO MAYA  15 de Abril del 2012

¿Qué nos queda a los colombianos de nuestros recursos comunes? Nada.

En el actual 'boom' de la minería y de los hidrocarburos, una de las locomotoras del programa del gobierno de Santos, las exportaciones de materias primas en el 2011 representaron el 65% del total. Las tasas de crecimiento entre el 2010 y el 2011 fueron: petróleo, 68%; carbón, 36%, y oro, 35%. Estos altos crecimientos se explican no solo por el aumento de las cantidades exportadas, sino también por el aumento de los precios. Entre enero y diciembre del 2011, el oro pasó de 1.356,4 dólares/onza a 1.641,84; el petróleo crudo (WTI) pasó de 89,51dólares/barril a 98,61, y el carbón en el mercado de Australia pasó de 141,94 dólares/ton a 117,49, pero había sido a 54,95 en enero del 2007. Sin embargo, las exportaciones no tradicionales, manufacturas y flores, crecieron 18%, a pesar de la revaluación del peso, y gracias a la misma, pues muchas empresas manufactureras se han convertido en ensambladoras de partes importadas, a las que favorece la revaluación.

Esta expansión en las exportaciones ha estado sustentada en la inversión extranjera en el sector de minería y petróleo. No obstante, estas inversiones, en su mayoría intensivas en capital, no tienen fuertes encadenamientos con los procesos productivos internos, generan poco valor agregado y poco empleo.

Ahora, ¿cuántos impuestos y regalías pagan las multinacionales mineras al Estado colombiano? Guillermo Rudas, profesor de la U. Javeriana, afirma que, de acuerdo con las cuentas nacionales del Dane, el sector minero en el 2010 debió pagar 15,3 billones de pesos en impuestos; sin embargo, pagaron 5,6 billones. Los 9,7 billones restantes son exenciones tributarias, elusión o evasión fiscal, mayores a las regalías pagadas por 6,4 billones. En el caso del carbón, entre el 2002 y el 2010, estas empresas debieron pagar una tasa de tributación sobre las utilidades de 35%, pero solo pagaron 8% ('Portafolio': "Buen momento minero no se refleja en los impuestos", febrero 21 de 2012). Precisamente, la Contraloría General encontró que las deducciones tributarias para el caso del carbón superaron el valor de los impuestos en el 2007 ('El Espectador': "La locomotora minera puja, pero el Gobierno perdió el año", diciembre 23 de 2011). Les estamos pagando para que se lleven la riqueza "colombiana".

Por su parte, el eficiente director de la Dian, Ricardo Ortega, ha afirmado que se reciclan activos fijos viejos ya depreciados para aprovechar la deducción especial, se disfrazan de legítimas importaciones ilegales de equipos robados en Venezuela y Ecuador, incluyen estas transacciones como activos fijos que usan para la deducción especial, inflan los costos de los servicios contratados para disminuir la base gravable y no hay información clara disponible en sus estados financieros (elespectador.com: "Minería, una locomotora fuera de rieles", febrero 29 de 2012). Además, en la Comisión Quinta del Senado, el propio Ortega afirmó "que el sector minero tributa menos de lo que debe: no es una presunción, es una verdad, pero hay que demostrarlo" ('Portafolio', noviembre  22 de 2011).

¿Por qué las mineras deducen de sus impuestos las regalías? El concepto tributario 15766 del 2005 de la Dian, solicitado por la cámara de Asomineros de la Andi, favorable a la megaminería transnacional, hace deducible de los impuestos el pago de regalías. Esto quiere decir que no se pagan regalías, que no existe el pago por el agotamiento del recurso. La renta de los mineros aumenta a medida que el precio en el mercado mundial de las 'commodities' aumenta, sin que las regalías aumenten: el oro puede cotizarse en 100 dólares la onza o en 1.600 y paga 4% de regalías, mientras la sal paga una regalía del 12%.

Con este concepto de la Dian se favorece a la megaminería extrajera;  su renta, que no es producto de su trabajo, sino de los precios en el mercado, determinados por su escasez frente a una demanda creciente de los países emergentes, China por ejemplo, y a los juegos especulativos, es apropiada por las transnacionales. Los inversionistas tendrían derecho a recuperar lo costos, a una rentabilidad apropiada al riesgo y al capital que se invierte, ¿pero el resto de dónde surge? De la renta, del hecho de que los minerales son recursos escasos.

De acuerdo con Rudas, "las tasas efectivas de impuesto a la renta -que pagan las mineras- sobre estas utilidades son aún mucho más bajas: menos del 15% para todo el sector durante el período considerado. Y especialmente bajas en el caso del carbón (8,1%) y de los metales preciosos (2,9%)". Prosigue el profesor diciendo que las empresas "se ahorran por esta vía un valor no solo comparable sino de hecho superior al que pagan al Estado por concepto de regalías (es decir que acaban por explotar más que gratis los recursos del subsuelo de propiedad de la Nación). En síntesis: en el período 2002-2010 el sector (minero) dejó de pagar, en solo exenciones y evasiones al impuesto sobre la renta, un valor muy superior a lo que pagó por regalías" (www.razonpublica.com, enero 29 de 2012).

Entonces, ¿qué nos queda a los colombianos de nuestros recursos comunes? Nada. La confianza inversionista regaló el país a las multinacionales y a sus socios nativos.

El Gobierno promete hacer una reforma tributaria revolucionaria en la próxima legislatura del Congreso. Sin embargo, muy pocos están dispuestos a apoyar un cambio radical en las reglas de juego tributarias de la megaminería transnacional, que tiene en sus nóminas a altos exfuncionarios del Estado. Anif, por ejemplo, propone elevar el IVA al 18%, para perjudicar más a los colombianos pobres, que ya representa el 44,7% del recaudo de los impuestos nacionales, mientras el patrimonio solo aporta 3,2%, y el impuesto a los ingresos, el 40,1% en el 2010. Colombia necesita una reforma tributaria que tenga equidad vertical y horizontal: el que tenga lo mismo paga los mismos impuestos, y el que más tiene más paga, y las mineras deben pagar por el agotamiento de los recursos comunes de todos los colombianos. ¡No seamos tan pendejos!

GUILLERMO MAYA

El genocidio transgénico

Andrew Malone

Daily Mail

Traducido para Rebelión por LB

Cuando el príncipe Carlos afirmó que miles de campesinos indios se suicidan tras utilizar cultivos transgénicos fue tachado de alarmista. De hecho, como revela este escalofriante reportaje , la situación es aún peor de lo que el príncipe temía. 

Los niños estaban desolados . Enmudecidos por el shock y luchando por contener sus lágrimas se acurrucaban junto a su madre mientras que amigos y vecinos preparaban el cadáver de su padre para incinerarlo en una ardiente hoguera construida sobre los agrietados y yermos campos cerca nos a su casa.
Mientras que las llamas consumían el cadáver, Ganjanan, de 12 años, y Kalpana, de 14, se enfrentan a un futuro sombrío. Aunque Shankara Mandaukar había acariciado la esperanza de que su hijo e hija tendrían una vida mejor al socaire del boom económico de la India , ambos se enfrentan ahora a la posibilidad de tener que trabajar como mano de obra esclava a cambio de unos cuantos peniques al día. Campesinos sin tierra y sin hogar, será n lo más bajo de lo bajo.

Shankara, un respetado campesino, marido y padre cariñoso, se había suicidado . Menos de 24 horas antes, enfrentado a la perspectiva de perder sus tierras a causa de sus deudas , se bebió una taza de insecticida químico.
Incapaz de pagar una suma equivalente a sus ganancias de dos años, cayó presa de la dese s peración. No veía ninguna salida.
Todavía quedaban marcas en el polvo donde Shankara se retorc ió en su agonía . Otros aldeanos lo observaban — sabía n por experiencia que era inútil intervenir — mientras yacía doblad o en el suelo, gritando de dolor y vomitando .
S e arrastró gimiendo hasta un banco situado frente a su sencilla casa , a 100 kilómetros de Nagpur , en la India central. Una hora más tarde dejó de hacer ruido. Luego dejó de respirar. A las 17:00 horas d el domingo la vida de Shankara Mandaukar llegó a su fin.
Mientras que los vecinos se congregaban para rezar en el exterior del hogar familiar, Nirmala Mandaukar, de 50 años, contó cómo regresó corriendo de los campos para encontrar muerto a su marido. " Era un hombre cariñoso y atento " , dijo llorando en silencio. " Pero no pudo aguantar más. La angustia mental era demasiado . Lo hemos perdido todo ".

La cosecha de Shankara falló dos veces seguidas . Por supuesto, el hambre y la pestilencia forman parte de la antigua historia de la India. Sin embargo, la muerte de este respetado campesino ha sido atribuida a algo mucho más moderno y siniestro: los cultivos genéticamente modificados.
A Shankara, igual que a millones de agricultores de la India, le había n prometido una plétora de cose c has e ingresos jamás conocida si dejaba de cultivar semillas tradicionales y comenzaba a sembrar semillas transgénicas .
Hechizado por la promesa de riquezas futuras, Shankara pidió dinero prestado para comprar las semillas transgénicas . Sin embargo, cuando las cosechas fallaron se quedó con unas deudas de vértigo y sin ningún ingreso.
Finalmente, Shankara se convirtió en uno de los aproximadamente 125.000 agricultores que se han quitado la vida como consecuencia de la despiadada campaña orientada a converti r a la India en un campo de pruebas para los cultivos transgénicos .
La crisis, a la que los activistas han bautizado como "Genocidio transgénico” , fue puesta de relieve recientemente cuando el Príncipe Carlos manifestó que la cuestión de los cultivos transgénicos se había convertido en una "cuestión moral global" y había llegado el momento de poner fin a su imparable avance .
En una conferencia por video retransmitida a la capital india , Delhi, el príincipe enfureció a los líderes de la biotecnología y a algunos políticos cuando condenó " el índice verdaderamente atroz y trágico de suicidios de pequeños agricultores en la India, provocados ... por el fracaso de muchas variedades de cultivos transgénicos ” .
C ontra el p ríncipe se han coaligado poderosos grupos de presión de cultivos transgénicos y prominentes políticos que afirman que los cultivos genéticamente modificados han transformado la agricultura india y proporcionando un rendimiento nunca antes conocido .
El resto del mundo, insisten, debe ría ab razar "el futuro" y seguir su ejemplo.
Así pues, ¿quién dice la verdad? Para averiguarlo viajé al "cinturón suicida" , situado en el estado indio de Maharashtra.
Lo que encontré fue muy inquietante y tiene profundas implicaciones para los países — entre ellos Gran Bretaña — en los que se está debatiendo la posibilidad de autorizar la siembra de semillas manipuladas por los científicos para eludir las leyes de la naturaleza.
Lo cierto es que las cifras oficiales del Ministerio de Agricultura indio confirman que, en medio de una descomunal crisis humanitaria, más de 1.000 agricultores se suicidan aquí cada mes.
Gente s sencilla s del medio rural se están muriendo de muerte lenta y agónica . La mayoría de ellos ingiere insecticidas , un costoso producto que se les aseguró no necesita rían cuando fueron forzados a sembrar las costosas semillas genéticamente modificadas .

Parece que muchos de esos c ampesinos han contraí do deudas descomunales con prestamistas locales de quienes han tomado prestadas sumas excesivas para adquirir semillas transgénicas.
Los expertos partidarios de los cultivos transgénicos afirman que la verdadera causa del terrible peaje en vidas h umanas son el alcoholismo, la sequía y la " penuria rural ".
Sin embargo, como descubrí durante un viaje de cuatro días a través del epicentro del desastre, ésa no es toda la historia .
En una pequeña aldea que visité había 18 campesinos que se habían suicidado tras haberse quedado entrampados en deudas por productos transgénicos . En algunos casos las mujeres han tomado las riendas de las granjas de sus difuntos maridos , s o lo para suicidarse ellas mismas un poco más tarde .
Latta Armes, de 38 años, bebió insecticida tras el fracaso de sus cosechas apenas dos años desp ués de que su marido se quitara la vida cuando las deudas por transgénicos se hic i eron excesivas .
Latta d ejó a su h ijo de diez años, Rashan, al cuidado de familiares. [El niño] " Llora cuando piensa en su madre ", dijo la tía de la difunta , sentada apáticamente a la sombra , cerca de los campos.
En una aldea tras otra las familias me narraron cómo se habían hundido en deudas después de haber sido persuadid a s para adquirir semillas transgénicas en lugar de las semillas de algodón tradicionales.
La diferencia de precio es asombrosa: 100 gramos de semillas transgénicas cuestan 1 2 euros , pero con 1 2 euros se puede comprar 1.000 veces más cantidad de semillas tradicionales.
Sin embargo, vendedores de semillas transgé n icas y funcionarios del gobierno habían asegurado a los agricultores que se trataba de 'semillas mágicas' que producirían cultivos mejores, libres de parásitos e insectos.

De hecho, en un intento por promover el uso de semillas transgénicas, en muchos bancos de semillas del gobierno se prohibió la venta de variedades tradicionales.
Las autoridades tenían intereses espúreos en la promoción de esta nueva biotecnología. El gobierno indio, d esesperado por escapar de la miseria absoluta de los años posteriores a la independencia, decidió autorizar a los nuevos gigantes de la bio-tecnología como a Monsanto, la compañía estadounidense líder del mercado, la comercialización de sus nuevas semillas.
A cambio de permitir a las compañías occidentales el acceso al segundo país más poblado del mundo, con más de mil millones de personas, la India recibió en los años ochenta y noventa préstamos del Fondo Monetario Internacional que ayudaron a iniciar una revolución económica.
Pero mientras que ciudades como Mumbai y Delhi han crecido exponencialmente , la vida de los agricultores han regresado a la Edad Media.
Aunque en la India la superficie de tierras dedicadas a cultivos transgénicos se ha duplicado en el espacio de dos años — hasta llegar a los 17 millones de acres — , muchos campesinos han descubierto que el precio que hay que pagar es terrible .
Lejos de ser 'semillas mágicas', las variedades transgénicas de semil l as de algodón a prueba de plagas han sido devastadas por las orugas , un os voraces parásito s .
Tampoco se les dijo a los agricultores que estas semillas necesitan el doble de agua . Eso ha sido un factor de vida o muerte.
Tras dos años de escasa pluviosidad , muchos cultivos transgénicos simplemente se han marchitado y muerto , dejando a los campesinos con deudas agobiantes y sin recursos para pagarlas.
Después de haber tomado prestado dinero a prestamistas tradicionales a precios exorbitantes, cientos de miles de pequeños agricultores se han visto condenados a perder sus tierras a causa del fracaso de las costosas semillas , mientras que los que p udieron seguir luchando debieron enfrentarse a una nueva crisis.
E n el pasado, c uando se perdían las cosechas, los agricultores todavía tenían la opción de guardar semillas y volverlas a plantar al año siguiente. Sin embargo, con las semillas transgénicas no pueden hacer lo debido a que las semillas transgénicas contienen l o que se denomina "tecnología exterminadora", lo que significa que han sido modificad a s genéticamente para que las cosechas resultantes no produzcan semillas viables.
En consecuencia , los agricultores tienen que comprar nuevas semillas cada año a los mismos precios prohibi t ivos . Para algunos eso significa la diferencia entre la vida y la muerte.

Tomemos el caso de Suresh Bhalasa, otro campesino al que incineraron esta semana y que dejó esposa y dos hijos.
Al caer la noche tras la ceremonia, mientras los vecinos se sentaban en cuclillas en el exterior y las vacas sagradas eran traíd a s de los campos, su familia no tenía ninguna duda de que sus problemas surgi eron en el instante en que se animó a comprar Al godón BT, una planta modificada genéticamente cread a por Monsanto.
“ Ahora estamos arruinados ", dijo la viuda, de 38 años. " Compramos 100 gramos de algodón BT. Nuestra cosecha falló dos veces. Mi marido se deprimió. Salió a su campo, se acostó sobre el algodón y bebió insecticida ".
Los aldeanos l o introdujeron en un rickshaw y se lo llevaron al hospital por caminos rurales llenos de baches. " Gritaba que había bebido insecticida y que lo sentía mucho ", dijo ella, mientras su familia y vecinos se congregaban en su casa para presentar sus respetos. " C uando llegó al hospital ya estaba muerto " .
Preguntado s sobre si el difunto era un "borracho" o padecía algún otro problema social, como alegan los funcionarios pro-transgénicos , la tranquila y digna concurrencia estalló en cólera . " ¡No! ¡No! ”, exclamó uno de los hermanos del muerto. " Suresh era un buen hombre. Mandó a sus hijos a la escuela y pagó sus impuestos .
" Lo estrangularon esas semillas mágicas. Nos venden las semillas diciendo que no necesitarán pesticidas caros, pero sí los necesitan. Todos los años estamos obligados a comprar las mismas semillas a la misma compañía. Nos están matando. Por favor, cuéntele al mundo lo que está pasando aquí ".
Monsanto ha admitido que la s deuda s crecientes fueron un " factor en esta tragedia ". Sin embargo , señalando que la producción de algodón se ha duplicado en los últimos siete años, un portavoz añadió que existen otras razones que explican la reciente crisis, por ejemplo la “ lluvia inoportuna ” o la sequía, y señaló que los suicidios han sido siempre parte de la vida rural en la In dia.
Las autoridades también apuntan a las encuestas para afirmar que la mayoría de los campesinos indios quieren semillas transgénicas — animados sin duda por agresivas tácticas de marketing.
Durante mis investigaciones en Maharastra me encontré con tres inspectores “ independientes ” que recorrían las aldeas para obtener información sobre los suicidios. Insistieron en que las semillas transgénicas eran sólo un 50 % por ciento más car as , pero más tarde me confesaron que la diferencia era de l 1.000 %

( Después , u n portavoz de Monsanto insistió en que su semilla “sol o cuesta el doble” de lo que cuesta la semilla "oficial" no transgénica , pero admitió que la diferencia puede ser enorme si las semillas tradicionales más baratas son vendid a s por comerciantes sin escrúpulos que a menudo también venden "falsas ” semil l as transgénicas susceptibles de contraer enfermedades .)
Ante los rumores de inminente s indemnizaciones gubernamentales para frenar la ola de muertes, muchos campesinos dijeron que estaban desesperados por conseguir cualquier tipo de ayuda . " Sólo queremos escapar de nuestros problemas ", dijo uno. " Sólo queremos ayuda para que no muera nadie más de nosotros “.

El príncipe Carlos está tan angustiado por la situación de los agricultores suicidas que ha creado una organización benéfica, la Fundación Bhumi Vardaan , para ayudar a los afectados y promover los cultivos orgánicos indios en lugar de los cultivos transgénicos.
Los a gricultores de la India también están comenzando a luchar. A demás de tomar como rehenes a distribuidores de semillas transgénicas y de organi z ar protestas masivas, un gobierno estatal ha emprendido acciones legales contra Monsanto por el precio desorbitado de las semillas transgénicas.
Eso llegó demasiado tarde para Shankara Mandauker, qu ien había acumulad o una deuda de 80.000 rupias ( cerca de 1.200€ ) cuando decidió quitarse la vida . " Le dije que pod ía mos sobrevivir ", dijo su viuda . S us hijos cont inúan a currucados a su vera al cae r la noche . " Le dije que encontraríamos una salida. Él sólo dijo que era mejor morir " .
Pero la deuda no muere con su marido: a menos que pueda e ncontrar una manera de satisfacerla no va a poder pagar la escolarización de sus niños. Perderán sus tierras y pasarán a engrosar las filas de las legiones de desposeídos que por millares mendigan al borde de los caminos a lo largo y ancho de este vasto y caótico país.

Cruel mente, quienes más están padeciendo los efectos del " genocidio transgénico " son los jóvenes, la misma generación a la que se supone se pretende rescatar de una vida de privaciones y miseria por medio de estas 'semillas mágicas'.
Aquí, en el cinturón suicida de la India, el coste del futuro transgénico es criminalmente alto .



Fuente: http://www.dailymail.co.uk/news/article-1082559/The-GM-genocide-Thousands-Indian-farmers-committing-suicide-using-genetically-modified-crops.html

Las razones del maíz: cinco tesis sobre la violencia contra la soberanía alimentaria y la autonomía

autonomíaRed en Defensa del Maíz · et alteri · · · · 09/04/12

Hubo consenso y se decidió que viniera el maíz morado, el maíz amarillo, el maíz rojo y el maízblanco, y de esto se hicieron nuestros huesos, nuestra sangre, nuestra carne.— Popol Vuh


El maíz no es una cosa, un producto; es un tramado de relaciones, es la vida de millones de campesinos cuyo centro civilizatorio milenario es la comunidad y la vida en la siembra. Siendo México centro de origen del maíz, uno de los cuatro alimentos cruciales para la humanidad, los ataques al maíz y a los pueblos que lo cultivan, son un ataque contra las estrategias más antiguas y con más posibilidades de futuro de la humanidad.

El maíz es también un cultivo comercial importante para el sustento de millones de familias de agricultores. Su rentabilidad puede fortalecer la seguridad y soberanía alimentaria del país si se contara con las políticas públicas apropiadas para lograrlo.

La primera tesis que proponemos es que las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN requirieron que el Estado mexicano comenzara un interminable desmantelamiento jurídico de todas las leyes que promovían derechos colectivos y protegían ámbitos comunes, en particular los territorios, de los pueblos indígenas y campesinos, sus tierras, aguas, montañas, y bosques. El TLCAN requirió también el desmantelamiento de todo el sistema de programas, proyectos y políticas públicas que apoyaban la actividad agrícola, en detrimento de los pequeños y medianos agricultores mexicanos y en beneficio de la agricultura estadounidense, sobre todo la que busca acaparar mercados, procesos y financiamientos, es decir, la agricultura de las corporaciones. Este desmantelamiento llegó al extremo de apostarle a las importaciones de maíz, pese a que es un producto básico para la alimentación de la población mexicana y pese a todas las asimetrías en productividad y subsidios —existentes entre los productores de Estados Unidos y Canadá y los productores mexicanos. Aunque se contaba con un plazo de 15 años para liberalizar por completo el comercio exterior del maíz, el gobierno mexicano, unilateralmente, permitió la entrada de importaciones por arriba de la cuota y sin arancel. Esto redujo los precios internos de maíz en un 50%, lo que benefició tan sólo a los cárteles transnacionales que controlan el grano.[1]


Una segunda tesis es que este desmantelamiento jurídico y esta privatización tienen como fin último la erradicación de toda producción independiente de alimentos.

Para lograrlo, las grandes corporaciones en todo el mundo se han propuesto el despojo, la erosión e incluso la criminalización de una de las estrategias más antiguas de la humanidad, que es el resguardo y el intercambio libre de semillas nativas ancestrales. No parece importarles el atentar contra todos los saberes propios de la agricultura tradicional campesina y agroecológica, para así promover el cultivo y la comercialización de semillas de laboratorio (híbridos, transgénicos y más), mediante leyes expresas que le abren espacio a las grandes corporaciones para lograr sus fines. Los dos ejemplos más contundentes son la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, o “Ley Monsanto” y la Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas.

Una tercera tesis es que estas leyes promueven una invasión transgénica —que comenzó en 2001— e inevitablemente contaminará a las 62 razas y miles de variedades que existen en México. Los regímenes de propiedad intelectual y los registros y certificaciones terminarán despojando de su diversidad a las semillas nativas.

Una cuarta tesis es que atentar contra los sistemas de agricultura campesina ancestral y sus variantes agroecológicas modernas, atentar contra bienes comunes tan cruciales como las semillas nativas, devasta la vida en el campo y debilita las comunidades, agudizando la emigración y la urbanización salvaje, favoreciendo la invasión de los territorios campesinos e indígenas para megaproyectos, explotación minera, privatización de agua, plantaciones de monocultivos, deforestación y apropiación de territorios en programas de mercantilización de la naturaleza, como REDD y servicios ambientales.

Una quinta tesis es que todo el sistema que está en el fondo de este desmantelamiento jurídico, de este intento por erradicar la producción independiente de alimentos y por monopolizar la rentabilidad de un cultivo tan versátil —eliminando así toda la gama de sembradores que no sean corporaciones, desde pueblos indígenas hasta agricultores de mediana o pequeña escala—; todo el sistema que está en el fondo de los encarecimientos desmedidos en los precios de los alimentos y de la crisis alimentaria generalizada, es responsable de una buena parte de la crisis climática.

Hay suficientes pruebas de que el sistema agroalimentario mundial, debido a su integración vertical (con su acaparamiento de tierras y agua, con sus semillas de laboratorio híbridas y transgénicos, con su promoción de agrotóxicos que erosionan el suelo, con su deforestación, sus monocultivos, el transporte que emplea, el procesado industrial, el empacado, el almacenamiento y la refrigeración) es responsable de entre 45-57% de los gases con efecto de invernadero.[2]

En cambio, la parte agraviada, las comunidades campesinas e indígenas y los agricultores en pequeña escala hoy por hoy producimos la parte sustancial de los alimentos del mundo [3], pese a la poca tierra a nivel mundial que mantenemos, y pese a las condiciones de opresión que intentan imponernos. Y sabemos que mantener nuestros cultivos ancestrales, con nuestras semillas nativas, podría enfriar la tierra si hubiera una voluntad política para defender los modos de vida que están en el centro de esta agricultura, para seguir cultivando el maíz en la comunidad que llamamos milpa: diverso, generoso, alimento en convivencia con otros alimentos, con plantas que curan, con árboles que protegen, con animales que también son nuestra fuerza. Para ello, es crucial que las comunidades tengan un control territorial, un autogobierno, una autonomía. Debemos frenar el acaparamiento de tierras y la invasión de los territorios de las comunidades.

La defensa del maíz rebasa los culturalismos. Es la defensa misma de una opción de independencia material y política real de los pueblos frente al mercado y su amenaza de dominar eternamente. El maíz es sustento material y también fuerza identitaria y sagrada. Al contaminarlo con transgénicos, al desmantelar la economía maicera desde las políticas gubernamentales, al despreciar la milpa, se atenta contra un proceso inédito, específico en el mundo, la propuesta civilizatoria mesoamericana. El ataque al maíz y a los pueblos que lo hemos criado es un crimen, pues, contra uno de los pilares de la civilización en su conjunto. Al defender a los pueblos del maíz, al defender el intercambio infinito de semillas campesinas, estamos defendiendo la supervivencia y las posibilidades de plenitud de la humanidad entera.


El maíz es nuestra sangre, nuestra carne, nuestra madre, nuestro hijo, / es el que habla, ríe, se pone de pie y camina.— Poema náhuatl


NOTA E.: Este texto fue presentado el 21 de octubre de 2011 por la Audiencia “Violencia contra el Maíz, la Soberanía Alimentaria y la Autonomía” en la sesión de instalación del capítulo México del Tribunal Permanente de los Pueblos, en la Universidad Nacional Autónoma de México. Esta audiencia es promovida por más de mil comunidades de agricultores en mediana y pequeña escala, y campesinos indígenas en todo el país. Entre algunas de las organizaciones se encuentran la Red en Defensa del Maíz, Vía Campesina América del Norte, el Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios, y decenas de organizaciones en Chihuahua, la Huasteca y la Península de Yucatán, entre muchos otros estados de México.


NOTAS AL TEXTO: [1] Las investigaciones del Centro de Estudios para el cambio en el Campo Mexicano (Ceccam) durante más de 15 años, son la fuente de estas conclusiones. Verwww.ceccam.org.mx [2] Ver GRAIN, “Cuidar el suelo”, 18 de octubre, 2009, http://www.grain.org/article/entries/1236; “Alimentos y cambio climático: el eslabón olvidado”, 28 de septiembre, 2011, http://www.grain.org/es/article/entries/4364 [3] ETC Group: “Who will feed us? Questions for the food and climate crisis”, 14 de diciembre, 2009, http://www.etcgroup.org/en/node/4921


http://www.grain.org/es/bulletin_board/entries/4446-las-razones-del-maiz#_ftn3

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Implicaciones socio-ambientales de la minería en América Central

Tania Sosa

Alainet

La minería es uno de los sectores económicos más contaminantes e impactantes en el mundo, no sólo por sus métodos de extracción que cada vez son más agresivos por conseguir mayores ganancias en menor tiempo, sino también por las consecuencias de corto, mediano y largo plazo que afectan los recursos agua, suelo y aire, condenando la vida de las especies naturales y las comunidades en las que se insertan los proyectos mineros.

La actual crisis mundial y la desestabilización económica que ha dejado la devaluación del dólar, ha provocado que los inversionistas pongan sus ojos en el antiguo y más codiciado activo del mundo, el oro, cuyo precio tenía un valor de $250/onza troy para el año 2000, y ha aumentando de manera estrepitosa, alcanzando un valor de $1 750/onza troy para el 2011. La reincidente búsqueda del oro y la visión política de los gobiernos de la Región Centroamericana, quienes han abierto sus puertas a la inversión extranjera a ojos cerrados, han dejado vulnerables a sus recursos naturales en la búsqueda de un rápido “desarrollo” que al final nunca llega. Las empresas mineras, el 60% de las cuales son de capital canadiense, trabajan bajo la lógica de aprovechamiento máximo, a bajo costo y corto tiempo, condiciones que son aún más ventajosas sí, en el sitio donde se instalan, se pagan mínimos ingresos tributarios y existen muy pocos compromisos ambientales y sociales, condiciones que Centroamérica les ofrece en bandeja de plata a estas transnacionales.

Las leyes de minería de nuestros países son similares al enfocarse en los métodos y requerimientos para la adquisición de concesiones de exploración y explotación, las autoridades regulatorias, y otros aspectos meramente concesionarios. Sin embargo, no incluyen obligaciones y metodologías para el control de impactos ambientales y sociales. Costa Rica es el único que en el 2010 aprobó una Ley que prohíbe la minería a cielo abierto, como método definitivo para negar el ingreso a este tipo de proyectos.

La legislación ambiental, bastante incipiente y escueta en la región, ha demostrado ser débil frente al accionar de las empresas mineras. Los proyectos más emblemáticos han confirmado que las mineras encuentran fácilmente los vacíos que les permiten esquivar las sanciones y violentar la legislación ambiental. En la mayoría de los casos, éstas se asocian con los representantes de las comunidades locales e incluso con representantes a nivel nacional, para obviar consideraciones de carácter social y ambiental. En el peor de los casos, las empresas se aferran a acuerdos internacionales como el Tratado Comercial DR-CAFTA, los que sirven para amenazar al país centroamericano a asumir compromisos comerciales que los obliguen a cumplir las exigencias de las transnacionales.

En cuanto al tan divulgado desarrollo que las empresas mineras dicen traer a los países, un estudio publicado en el 2011 por el Centro de Investigación sobre Inversión y Comercio (CEICOM)[1] sobre los “Impactos de la Minería Metálica en Centroamérica”, identificó que los ingresos tributarios que las empresas mineras pagan a los países de la región son en promedio no más del 1.5% de los ingresos obtenidos.

Movimientos socio-ambientales frente a la minería

La lucha social en contra de la minería, especialmente la metálica, ha venido creciendo a medida que generaciones enteras han visualizado los impactos ambientales y sociales, mismas amenazas que se han intensificado y extendido con el ingreso de nuevos proyectos en una era que se ha denominado “recolonización”.

En Guatemala, según el documental “El oro o la vida”[2], 54 comunidades indígenas han realizado consultas comunitarias, contabilizando un millón de personas que han rechazado alas empresas mineras, petroleras e hidroeléctricas. Estas consultas son prácticas ancestrales que son reconocidas por las leyes municipales, la constitución de ese país e incluso el Convenio 169 de la OIT. Sin embargo, el Gobierno ha hecho caso omiso a este movimiento social y hasta el 2011 había concedido 155 licencias de exploración y explotación minera metálica.

En Guatemala, la transnacional canadiense Goldcorp Inc. es propietaria del Proyecto Marlín, ubicada en San Marcos, y el Proyecto Cerro Blanco en Jutiapa. El Proyecto Marlín es quizá el más emblemático para Guatemala, debido a las afectaciones ambientales que han generado graves problemas a las comunidades indígenas de la zona. En un estudio realizado en el 2008 por la Comisión Pastoral Paz y Ecología (COPAE) se encontraron concentraciones de metales pesados en el Río Tzala (aluminio, arsénico y manganeso) por encima de los rangos permisibles, y evidencias de afectaciones a la salud pública. El Proyecto Cerro Blanco se encuentra a solo 15 km de la frontera con El Salvador y a 5 km de la ciudad de Asunción Mita, proyecto aún en construcción y que tiene implicaciones socio-ambientales a nivel binacional que no han sido tomadas en cuenta desde las exploraciones.

Guatemala tiene una fuerza de resistencia ante los proyectos mineros que es admirable, gracias a la apropiación que tienen los pueblos indígenas del valor de sus territorios y sus recursos naturales como herencias ancestrales invaluables. Sin embargo, en los últimos 10 años, las consecuencias de esa lucha se han visualizado en el asesinato de 120 activistas y defensores de los Derechos Humanos. Como parte de su lucha, el caso de la Mina Marlín fue presentado ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, logrando que ésta emitiera medidas cautelares para resolver el conflicto y detener el proceso de contaminación ambiental. Ante las estrategias dilatorias del Gobierno para no cumplir con las medidas planteadas, el movimiento social logró que el relator de la ONU para los pueblos indígenas visitara a las comunidades afectadas por la Mina Marlín para escuchar sus reclamos y demandas, divulgando el caso a nivel internacional.

En El Salvador, el movimiento social ambientalista consiguió que el Estado salvadoreño negara conceder los permisos de explotación al Proyecto Mina San Sebastián de Commerce/Sanseb, y al Proyecto El Dorado y la nueva concesión de Exploración del Proyecto Santa Rita de Pacific Rim, éstos últimos ubicados en el Departamento de Cabañas.

El Comité Ambiental de Cabañas estaba preocupado por el uso indiscriminado del agua, recurso que es escaso en la zona. El Dorado pretendía consumir 10.4 l/s (900 mil l/día), misma cantidad que abastece a una familia promedio durante 20 años. Por otro lado, el río San Sebastián es el ícono de la contaminación que ha dejado la Mina San Sebastián; en éste se vierte de manera constante drenaje ácido que contamina el río y que ha dejado sin agua potable a los pobladores de la zona.

La negativa del Estado salvadoreño trajo sus consecuencias sobre la vida de 4 líderes comunitarios, miembros del Comité Ambiental de Cabañas, quienes en el 2009 fueron asesinados. Actualmente, valiéndose del tratado de libre comercio con EEUU (DR-CAFTA), Pacific Rim y Commerce/Sanseb han presentado demandas ante el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones) por $77 millones y $100 millones de dólares respectivamente, en contra del Estado salvadoreño.

En Honduras, después de los estragos que ocasionó el Huracán Mitch (1998), el Congreso aprobó una ley en la que se establecía la priorización del uso del agua para el desarrollo de proyectos mineros, dejando al recurso agua vulnerable a la voluntad de las empresas transnacionales. Es así que Honduras se postula como el país centroamericano con el mayor número de concesiones y con el área más grande de territorio concesionado para proyectos mineros (31% del territorio nacional).

El Proyecto San Martín, ubicado en El Valle de Siria, fue comprado por Goldcorp Inc. en el 2006, y a partir del 2007 inició un proceso de cierre dados los innumerables reclamos por contaminación ambiental y violaciones a los derechos humanos. Entre los numerosos daños que se le atribuyen, resalta la contaminación de la mayoría de las fuentes de agua del Valle de Siria, generando una epidemia de problemas dérmicos producto de la exposición a metales pesados y se han registrado 150 casos comprobados de personas con presencia de arsénico en la sangre. Pero no fue sino hasta el 2010 que el Estado hondureño reaccionó ante esta problemática.

El Proyecto Mina San Andrés, de Minerales de Occidente S.A, ubicado dentro del Departamento de Copán, está aún en etapa de explotación, registrándose denuncias por derrames de agua cianurada desde el 2006; dichas descargas se hacen en las proximidades del río Lara, afectando directamente las fuentes de agua superficiales de las que se abastecen las comunidades cercanas a la mina.

En Nicaragua, existen más de260 concesiones mineras otorgadas, y 95 nuevas solicitudes, las cuales casi doblan el área total del territorio nacional que está actualmente otorgado para proyectos mineros.

El Proyecto Mina El Limón, localizado al noroeste del país, de la empresa Tritón Minera S.A., y el Proyecto La Libertad, ubicado en el centro-norte del país, de la empresa DESMINIC, fueron comprados en el 2009 por la transnacional B2Gold, las cuales han mantenido su comportamiento como las principales contaminadoras del medio en sus zonas de influencia. En el 2006, una ONG nacional (Centro von Humboldt) realizó muestreos de aguas superficiales y subterráneas cercanas a ambos proyectos, encontrando en las quebradas de Mina El Limón, concentraciones de aluminio y manganeso superiores a los rangos permisibles. En La Libertad, se hicieron muestreos al río Mico y sus afluentes, encontrando concentraciones fuera de los rangos máximos permisibles para aluminio, manganeso, zinc, y grasas y aceites.

En La Libertad, las autoridades competentes procedieron a demandar a la empresa por la vía administrativa, y se le solicitó al Centro Humboldt y al Centro de Investigación de los Recursos Acuáticos (CIRA-UNAN) que realizaran análisis de sedimentos en el río Mico, encontrando altas concentraciones de plomo, hierro y zinc. Finalmente, MARENA emitió una resolución para la toma de medidas cautelares y de mitigación de daños ambientales, a lo cual no se le dio seguimiento.

En el 2009, pobladores del Comité de Desarrollo Comarcal de Mina El Limón, interpusieron denuncia ante las autoridades competentes sobre una nueva presa de cola que pretendía construir la empresa Tritón en la comunidad San José de la Cañada, así como la contaminación ambiental (aguas, suelos y atmósfera) y las afectaciones a la salud de los pobladores, la mayoría de los cuales sufren problemas renales a causa de la mala calidad del agua de consumo, deteriorada por la explotación minera. En función de ello, el Ministerio del Ambiente presentó una demanda en contra de Tritón Minera, emitiendo una resolución en la que se mandaba a tomar medidas precautorias y de mitigación por los daños ambientales ocasionados, a la cual no se lo dio seguimiento. Pese a una serie de medidas legales que tomó la comunidad, recurriendo incluso ante la Corte Suprema de Justicia, la que continúa sin pronunciarse, la Presa de Cola San José ya culminó su faceta de construcción y la empresa minera se encuentra en pleno uso de la misma.

Otro sitio de concentración de proyectos mineros en Nicaragua se ubica en el Distrito Minero de Siuna, Bonanza y Rosita, ubicado en la Región Autónoma del Atlántico Norte de Nicaragua, denominado Triángulo Minero. La propietaria es la empresa de propiedad trinacional HEMCO, de capital canadiense, estadounidense y nicaragüense, conocida como HEMCONIC.

La presa de cola del proyecto fue construida sobre la microcuenca Concha Urrutia, al sureste del casco urbano. En el 2009, la presa presentó los primeros problemas a raíz de un sismo de 6.4 en la escala de Richter, que provocó el rompimiento de una sección de la tubería de bombeo de las aguas residuales. Este hecho se agravó con otro sismo a inicios del 2010, esta vez de 4.3 en la escala de Richter, generando grietas a la estructura de 1 cm de espesor en sentido longitudinal. Las aguas residuales de esta presa de cola afectarían al Río Concha Urrutia, Río Tuqui, a su vez al Río Bambana, y al Prinzapolka, mismos que desembocan en el Mar Caribe.

En Costa Rica, se encuentra la Mina Bella Vista, ubicada al noreste de Miramar de Montes de Oro, en Puntarenas, siendo un ejemplo ícono de la irresponsabilidad por parte de las empresas, una vez que el proyecto es abandonado. En el 2000, funcionarios públicos de la Dirección de Geología y Minas, en una interpretación manipulada de la ley, otorgaron autorización al cambio de extracción de túneles a cielo abierto, sin cumplir con los trámites señalados por esa Dirección. La empresa Glencairn Gold suspendió operaciones en julio de 2007, producto de un problema de deslizamiento de terreno que sufrió el área de extracción del proyecto. En octubre 2007, Glencairn Gold fue comprada por la transnacional B2Gold, obteniendo un Proyecto en estado de abandono, sin acciones de remediación del terreno concesionado, aunque B2Gold asegura estar en una etapa de recuperación para la reanudación de actividades.

El Proyecto Minero Crucitas, uno de los más emblemáticos de la lucha anti minera por parte de organizaciones ambientalistas de Nicaragua y Costa Rica, le pertenece a la empresa Industrias Infinito S.A., subsidiaria de la compañía Infinito Gold Limited de origen canadiense. Luego de una ardua campaña anti minera por parte de UNOVIDA (Unión Norte por la Vida), ACAME (Alianza Centroamericana frente a la Minería Metálica) y los(as) líderes comunitarios(as) del norte y el sur de Nicaragua, el 30 de noviembre 2011 fue finalmente anulado por la Sala I de la Corte Suprema de Justicia, la cual confirmó por unanimidad la sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo que dejó sin efecto la concesión y ordenó a la empresa pagar una indemnización por daño ambiental. Fue parte de la orden investigar las implicaciones del ex Presidente Oscar Arias y otros funcionarios del Estado que se vieron involucrados en las gestiones ilegales de la empresa Industrias Infinito S.A.

En definitiva, los proyectos mineros en Centroamérica se comportan de manera similar, ubicándose estratégicamente en los afloramientos de los ríos, afectando cuencas hidrográficas de vital importancia para la población; pasan por alto requerimientos técnicos y violentan las incipientes leyes ambientales, y no se hacen responsables por las afectaciones ambientales y sociales. Las consecuencias de la minería son irreversibles, afectan y afectarán a generaciones que estarán condenadas a un restringido acceso al recurso agua en calidad y cantidad, así como a la exposición a contaminantes como los metales pesados, limitando sus capacidades de desarrollo, generalizando la pobreza y particularizando las ganancias.

Notas:

[1] “Impactos de la Minería Metálica en Centroamérica”, CEICOM, Nolasco, S. 2011.

[2] “Recolonización y resistencia en Centro América”. Un documental de Caracol Producciones, Guatemala. 2011. Filmado en Guatemala, Honduras y El Salvador.

Tania Sosa es ingeniera en Calidad Ambiental; trabaja en el Centro Humboldt, Nicaragua, como oficial de industrias.

Este texto es parte de la revista “América Latina en Movimiento”, No 473, correspondiente a marzo 2012 y que trata sobre “Extractivismo: contradicciones y conflictividad”.