viernes, 30 de noviembre de 2012

El mayor contaminador del mundo preside la cumbre sobre el clima


DANIEL TANURO
Jueves 29 de noviembre de 2012
Este 26 de noviembre se ha abierto en Doha, Qatar, la Cumbre Anual de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Formalmente, la cumbre se compone de dos reuniones distintas: la 18ª sesión de la conferencia de las partes firmantes del Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CCNUCC) firmado en Río en 1992, de una parte, y la 8ª sesión de la reunión de las partes en el Protocolo de Kyoto, de otra. Los principales objetivos de la reunión son los siguientes: primero, la aprobación por los países desarrollados de un segundo período de compromiso con el Protocolo (el primer período acaba a finales de este año); en segundo lugar la negociación de un acuerdo global que implique a todas las naciones en la lucha contra el calentamiento, a partir de 2020. Los dos aspectos están íntimamente ligados pues los llamados países “en desarrollo” exigen de los países llamados “desarrollados” que den ejemplo, dado que son los principales responsables históricos de los cambios climáticos, mientras que los segundos exigen de los grandes países emergentes que éstos asuman sus responsabilidades, dado que figuran hoy entre los principales emisores de gases de efecto invernadero.
De Balí a Doha
La cumbre de Doha sigue los pasos de las reuniones precedentes, en particular las de Balí, Copenhague, Cancún y Durban. Para comprender lo que está en juego hay que echar un poco la vista atrás.
- La cumbre de Balí (2008) adoptó una “hoja de ruta” que estipulaba que “serán necesarios recortes profundos en las emisiones globales” para estabilizar el clima y subrayaba “la urgencia de hacer frente al cambio climático tal como está indicado en el cuarto informe de evaluación del GIEC”. Al término de duros debates contra los representantes de la administración estadounidense, se añadió una nota a pie de página remitiendo a la página 776 de la contribución del grupo de trabajo III al informe de 2007 del GIEC sí como a las páginas 39 y 90 del Resumen técnico de dicha contribución. Este detalle es importante pues esos documentos proporcionan diferentes escenarios de estabilización del sistema climático, teniendo en cuenta las “responsabilidades comunes pero diferenciadas” de los países ricos y de los países pobres. Según esos escenarios, para no superar demasiado los 2ºC de subida de la temperatura respecto al siglo XVIII, 1) las emisiones de los países desarrollados deben disminuir entre un 25% y un 40% de aquí a 2020, y entre un 80% y un 95% de aquí a 2050, en relación al nivel de 1990; 2) las emisiones mundiales deben disminuir entre un 50% y un 85% de aquí a 2050; 3) la disminución debe comenzar como muy tarde en 2015; 4) los países en desarrollo pueden continuar aumentando sus emisiones netas durante un cierto tiempo, pero sus emisiones relativas deben bajar entre un 15 % y un 30% en relación a las proyecciones.
- En Copenhague (2009), la hoja de ruta de Balí debería haber desembocado en un acuerdo global que fijara a los países ricos obligaciones de reducción absoluta de sus emisiones y a los demás países obligaciones de reducción relativa, en función de un objetivo de limitación del calentamiento, y por medio de una transferencia de las tecnologías limpias del Norte hacia el Sur (a fin de garantizar el derecho de éste al desarrollo). Pero entretanto se produjo la crisis de lassubprimes. En un contexto de recesión y de competencia capitalista exacerbada, los grandes contaminantes, con los Estados Unidos a la cabeza, querían menos que nunca un acuerdo que amenazara la competitividad de sus empresas. Es la razón por la que Barack Obama organizó una negociación no oficial con China, India, Brasil, África del Sur y la Unión Europea, que dio lugar a un acuerdo que invitaba a cada estado a elaborar a su guisa su propio plan climático y a comunicarlo al secretariado de la CCNUCC. Así, países desarrollados y grandes naciones “emergentes” descartaron un tratado multilateral obligatorio con objetivos de reducción drásticos, determinados sobre la base de valoración científica del GIEC. La Conferencia “tomó nota” de este acuerdo en un ambiente tumultuoso, marcado por la valiente oposición de algunos estados del Sur (Bolivia, Venezuela, Cuba, en particular) que denunciaron el diktat de las grandes potencias. El representante de Tuvalu, por su parte, atacó a las naciones “en desarrollo” que aceptaban “las monedas de Judas” como precio de su sumisión;
- La cumbre de Cancún, un año más tarde, fue dominada por el tema de la adaptación al calentamiento: a falta de tomar medidas energéticas para reducir sus emisiones, los países ricos prometieron que serían puestos a disposición de los países pobres, en 2010-2012, 30 millardos de dólares para ayudarles a adaptarse al calentamiento, y que este sobre sería elevado a cien millardos por año a partir de 2020. Se tomó la decisión de confiar la gestión de esas sumas a un Fondo Verde para el Clima, en el que el Banco Mundial juega un papel preeminente. La conferencia afirmó por otra parte la necesidad de limitar la subida de la temperatura a 2ºC como media, de mantener ese objetivo bajo examen regular e incluso contemplar su refuerzo a 1,5ºC máximo, en función de la evolución de los conocimientos científicos sobre el impacto del calentamiento. Hasta entonces solo la Unión Europea se había pronunciado sobre el objetivo de una subida máxima de 2ºC. Lógicamente, la decisión de la cumbre habría debido llevar a los congresistas de Cancún a retomar la hoja de ruta de Balí y su famosa nota a pie de página, a fin de adoptar rápidamente un plan de urgencia que incluyera las reducciones de emisiones juzgadas necesarias por los especialistas. En lugar de ello, se contentaron con “tomar nota” de los objetivos de reducción de las emisiones que 80 países habían comunicado voluntariamente al Secretariado de la CCNUCC, según el planteamiento de Copenhague. Los climatólogos subrayaron que, sobre la base de estos planes climáticos nacionales, la temperatura en la superficie de la Tierra aumentaría probablemente de 3ºC a 5ºC de ahora a finales de siglo -poco más o menos dos veces más, pero no se les hizo caso. Los 2ºC de máxima eran para la galería.
- En Durban, el año pasado, se arrancaron con grandes dificultades dos acuerdos, que incumbían respectivamente a los países ricos y a todos los países. El primero estipula que habrá definitivamente un segundo período de compromiso en el marco del Protocolo de Kyoto (recordemos que el primer período de compromiso,2008-2012, emplazaba a los países ricos a reducir sus emisiones un 5,2% como media en relación a 1990). El segundo reconoce la necesidad de elaborar “un protocolo, otro instrumento jurídico o una conclusión concertada con fuerza de ley de la CCNUCC aplicable a todas las partes”. Ha comenzado un proceso de negociación de este acuerdo climático global. Debería acabar en 2015 en un texto a someter luego a los parlamentos nacionales de todas las naciones. Suponiendo que viera la luz, este acuerdo entraría en vigor como muy pronto en 2020.
Deslizamientos progresivos
A lo largo de estas reuniones (salpicadas de otras reuniones anuales, en particular en Bonn), se produjeron numerosos deslizamientos. En primer lugar, el principio de las “responsabilidades comunes pero diferenciadas” de los países del Norte y del Sur fue sometido a una creciente presión; bajo el pretexto de que los grandes países emergentes emiten hoy una proporción muy importante de gases de efecto invernadero enviados a la atmósfera, la responsabilidad histórica mayor de los países imperialistas (responsables en más del 70% del calentamiento) fue sistemáticamente relativizada, incluso borrada. Segundo, la respuesta de los gobiernos y de las instituciones internacionales tomó un aspecto cada vez más abiertamente neoliberal, hasta el punto de estar hoy casi exclusivamente basada en mecanismos de mercado (incentivación de las energías renovables, mercado de los derechos de emisión y compra de créditos de emisión).
Es cierto que estos mecanismos estaban previstos en el Protocolo de Kyoto pero, a pesar de su notoria insuficiencia, éste seguía teniendo un carácter híbrido, pues atribuía a los estados cuotas obligatorias de reducción de las emisiones (con sanciones en caso de no respetarlas). Por otra parte, hoy no queda ya gran cosa de este planteamiento “regulacionista” pues los grandes contaminadores (países imperialistas y “subimperialismos” emergentes, en particular China y Brasil) lo han sacado de Copenhague; además, se ha ampliado considerablemente el abanico de las posibilidades de reemplazar las reducciones de emisiones por medidas de compensación. Así son considerados como equivalentes a reducciones netas de emisiones medidas que abarcan no solo la plantación de árboles, sino también la protección de las selvas existentes, la valorización energética del metano de los yacimientos de hulla, o la destrucción de ciertos gases industriales de gran efecto invernadero. En realidad, esta equivalencia no existe más que en la cabeza de quienes la han imaginado y cuya preocupación más importante es permitir a la industria reemplazar medidas costosas de reducción de las emisiones por la compra de créditos de carbono al precio más bajo posible, lo que en realidad tiene por efecto retrasar la indispensable transición energética.
Los petrojeques qatarís maniobran
Ni que decir tiene que la conferencia de Doha no traerá ningún cambio de esta política desastrosa. El lugar mismo de su celebración es emblemático. Asentado sobre sus reservas de hidrocarburos y de petrodólares, Qatar tiene el triste privilegio de ser el país del mundo que emite más gas con efecto invernadero por habitante. El régimen es uno de los más retrógrados de la región: en las últimas elecciones municipales, en 2011, solo una mujer ha podido lograr un puesto de concejal. Los derechos humanos son pisoteados y el país, aunque haya abolido la esclavitud en 1952, aplica una ley llamada de “padrinazgo” que estipula que los trabajadores extranjeros pueden entrar, permanecer y trabajar en el emirato, pero no pueden abandonarlo sin autorización de su “padrino”. Considerado como el 51º estado de los Estados Unidos, Qatar apoya todas las dictaduras de la región: a través de él Washington y Tel Aviv intentan sabotear las revoluciones árabes, apoya cualquier régimen oscurantista islamista (acaba de entregar un importante material de represión al ministro tunecino del interior) y es sospechoso de estar mezclado en la financiación de proyectos de colonización israelíes en Jerusalén Este. Añadamos que los emires no son más respetuosos de la naturaleza que de los seres humanos: cazadores sin escrúpulos, de padres a hijos, acuden regularmente regularmente a África del Norte para cazar avutardas y gacelas Thomson, dos especies protegidas que masacran impunemente, a pesar de las protestas de las asociaciones tunecinas y argelinas de defensa del medio ambiente. Esos son los personajes que presiden los debates de la 18ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático... Creer que ésta pueda trazar un camino que permita a la humanidad evitar la catástrofe tiene que ver más que nunca con la ilusión.
La catástrofe está en marcha
Veinte años después de la adopción de la CCNUCC, la incuria capitalista desarrolla sus efectos ante nuestros ojos: el calentamiento del planeta continúa acelerándose, hasta el punto de que se corre el riesgo de una aceleración irreversible. Desde el comienzo del siglo XXI las emisiones de gas con efecto invernadero aumentan entre el 3% y el 4% por año, contra alrededor del 2% en los años 1990. Este aumento se explica en particular por la explosión de los transportes y el aumento del uso del carbón en China, pero también en India, en los Estados Unidos y en Australia. Está por tanto directamente ligado a la mundialización neoliberal. Por ello, los fenómenos meteorológicos extremos (lluvias violentas, sequías anormales, canículas u olas severas de frío, tempestades, ciclones, …) se multiplican y ganan en intensidad. La fusión estival del hielo del mar ártico ha alcanzado un récord absoluto en 2012, hasta el punto de que la capa podría desaparecer totalmente en un futuro cercano. Sobre todo, se nota una aceleración inquietante de la dislocación de los casquetes glaciares de Groenlandia y del Antártico oeste -un fenómeno que hace correr a la humanidad el riesgo de una subida del nivel de los mares de dos metros o más de aquí a final de siglo.
Estas terribles amenazas, cuyas principales víctimas serán los pobres, han sido recordadas recientemente en un informe del Banco Mundial. Titulado “Bajemos el calor: porqué es absolutamente preciso evitar una subida de 4º C de la temperatura del planeta” y codirigido por Climate Analytics y elPotsdam Institute for Climate Impact Resarch, este documento no muestra nada fundamentalmente nuevo sobre los impactos de los cambios climáticos. De hecho, su difusión justo antes de la Conferencia de Doha parece tener sobre todo el objetivo de preparar los espíritus a la superación de los 2ºC... Podría también servir para legitimar, en nombre de la urgencia, las autodenominadas “soluciones” presentadas por el Banco en el marco de su ofensiva por una “economía verde”: los agrocarburantes, lo nuclear, el carbón “limpio” y la apropiación masiva de los recursos naturales, en particular de las selvas y de las tierras arables. Según Oxfam, los inversores internacionales compran cada seis días en los países del Sur una superficie de tierra del tamaño de Londres. En el curso de los diez últimos años, las tierras compradas así representan ocho veces la superficie de Gran Bretaña. En Camboya, se estima que cerca del 60% de las tierras arables han sido adquiridas por multinacionales. Esta oleada de apropiaciones es debida en gran medida al hecho de que las finanzas internacionales especulan con el precio de las materias primas agrícolas y la producción de agrocarburantes... en detrimento del derecho de los pueblos a la alimentación /1. Un ejemplo de la barbarie a que conucen las “soluciones” el Banco.
Cada vez que se abre una conferencia de la ONU sobre el clima, los medios nos repiten la misma historia: los gobiernos buscan un acuerdo para que la subida de temperatura no supere 2º C respecto al período preindustrial. La verdad es que es más que probable que ese objetivo esté ya fuera de alcance. Si la Unión Europea lo ha hecho mejor de lo que marcaba el objetivo mínimo asignado por Kyoto es, en gran parte, debido a la recesión económica, a la importación de agrocarburantes, a la compra masiva de créditos de carbono (a menudo trampeando) y a la deslocalización de la producción en China. Ya se sabe que los Estados Unidos no ratificaron Kyoto y que sus emisiones actuales superan en más del 30% el nivel de 1990. Canadá se retiró del Protocolo y Japón, así como Rusia, ya no lo quieren. Sin embargo, el texto adoptado en la excapital imperial no imponía más que objetivos irrisorios, insignificantes, frente a lo que es necesario para salvar el clima. Por consiguiente, es sencillamente impensable que la economía capitalista mundial, basada en el crecimiento, la competencia y la ganancia logre poner en marcha las reducciones drásticas que evocaba la nota de pie de página de la hoja de ruta de Balí. Basta con echar una ojeada a las tendencias de la política capitalista para convencerse de ello: las fuentes renovables siguen siendo globalmente marginales, su desarrollo no cubre más que una parte del aumento de la demanda; lo grueso de las necesidades sigue siendo asegurado por los combustibles fósiles, con un recurso creciente al carbón, una carrera por los recursos petroleros de la Antártida, la explotación delirante de las arenas bituminosas de Alberta, por no mencionar el gas de esquisto, la nueva carta de las multinacionales de la energía...
El atasco capitalista es total...
La imposibilidad de respoder al desafío climático/energético en el marco productivista del capitalismo es tan evidente que se cuela a veces entre las líneas de ciertos informes de instituciones internacionales por encima de toda sospecha de subversión comunista. Así, elWorld Economic and Social Survey 2011de las Naciones Unidas es una lectura edificante. Según ese documento, la parte de las renovables modernas en la producción primaria de energía ha pasado del 0,45% en 1990 al 0,75% en 2008, es decir un crecimiento anual medio del 2,9%. Al mismo tiempo, el uso del carbón, del petróleo y del gas natural han aumentado un 1,6%, 1,5% y un 1,2% respectivamente. Los gobiernos han intervenido masivamente para promover las renovables y el sector privado ha participado, “pero el cambio de tecnología energética se ha ralentizado considerablemente a nivel del mix energético global desde los años 1970, y no hay pruebas que apoyen la idea popular de que ese cambio de tecnología energética se acelera. (…) A pesar de las tasas de crecimiento impresionantes de la difusión de las tecnologías energéticas renovables desde 2000, está claro que la trayectoria actual no se acerca en ninguna parte a un camino realista hacia una descarbonización total del sistema energético global en 2050”, afirma el informe (pp 49-50).
Una de las razones de la paradoja es que la utilización plenamente racional y ahorrativa de las renovables necesitaría la construcción en diez años de un sistema energético completamente nuevo. Veamos una explicación en el caso de la producción eléctrica: en el marco actual, 1 GW de capacidad eólica intermitente necesita el soporte de 0,9 GW fósiles. Para evitarlo, es necesaria una red “inteligente”. Sin embargo, construir una red así representa una empresa “gigantesca, que necesita un progreso tecnológico, una cooperación internacional y transferencias sin precedentes” (p.52). De una forma general, señala el informe, “la magnitud física del sistema energético actual basado en los combustibles fósiles es verdaderamente enorme. Hay millares de grandes minas de carbón y de grandes centrales eléctricas de carbón, alrededor de 50.000 campos petrolíferos, una red mundial de al menos 300.000 km de oleoductos y 500.000 km de gaseoductos, y 300.000 km de líneas eléctricas. Globalmente, el coste del reemplazo de la infraestructura fósil y nuclear existente es de al menos 15 a 20.000 millardos de dólares [una cuarta parte del PIB mundial -DT]. China ha aumentado su capacidad eléctrica basada en el carbón en más de 300 GW entre 2000 y 2008, una inversión de más de 300 millardos de dólares, que comenzará a amortizarse a partir de 2030-2040 y funcionará quizá hasta 2050-2060. De hecho, la mayor parte de las infraestructuras energéticas en las economías emergentes han sido desplegadas recientemente y son completamente nuevas, con duraciones de vida de al menos 40 o 60 años. Claramente, es improbable que el mundo (sic) decida de un día para otro borrar entre 15 y 20.000 millardos de dólares en infraestructuras y reemplazarlas por un sistema energético renovable cuyo precio es más elevado” (p. 53).
Evidentemente, no es “el mundo” quien decide: éste no tiene nada que decir. Son los gobiernos, bajo la tutela de los grandes grupos energéticos... y del capital financiero que adelanta los créditos para las inversiones. Las reservas probadas de combustibles fósiles -que forman parte de los activos de los lobbis del carbón, del gas y del petróleo así como de los fondos de pensiones- son cinco veces superiores a la cantidad de carbono que la humanidad puede aún permitirse quemar. Según los cálculos del Potsdam Institute y de la ONGCarbon Tracker, salvar el clima necesitaría que el 80% de esas reservas permanecieran para siempre en las profundidades geológicas del globo. “El mundo” se portaría mejor, pero no los propietarios de los yacimientos, ¡está claro! Dejando a parte este “detalle”, elWorld Economic and Social Survey 2011describe bien el problema. Más del 50% de las emisiones mundiales son debidas apenas al 7% de la población, los 3,1 millardos de pobres no son “responsables” más que de entre el 5% y el 10% de los gases con efecto invernadero (p.29). Por consiguiente, el éxito de la transición no es posible más que si el “europeo medio disminuye su consumo de energía alrededor de la mitad y el residente de los Estados Unidos alrededor de los tres cuartos” (p. XIV). El informe tiene la honradez de reconocer que tales objetivos no pueden ser alcanzados por “soluciones simplistas” como “la internalización de las externalidaes medioambientales” o las políticas voluntaristas de “big push” tecnológico. “Ninguno de esos planteamientos tiene el potencial de acelerar suficientemente el cambio tecnológico a las escalas globales que son requeridas” (p.29).
Por un plan de urgencia social y ecológico
Los autores del World Economic and Social Survey 2011 no sacan evidentemente la conclusión que se impone de su análisis. Al contrario, se inspiran del escenario Blue Map de la Agencia Internacional de la Energía. Sin embargo, además de que estima razonable proseguir el desarrollo de los agrocarburantes y de construir una central nuclear de 1GW por semana durante cuarenta años, en particular, el escenario de la AIE permitiría como mucho limitar la concentración en CO2 en 550 ppm, lo que corresponde a una subida de temperatura comprendida entre 2,8ºC y 3,2ºC... Poner en marcha Blue Map: eso es sin duda lo que el Banco Mundial tiene en la cabeza cuando afirma que es preciso “evitar absolutamente una subida de 4ºC de la temperatura del planeta...
La conclusión inevitable pero tabú es sencillamente la siguiente: el salvamento del sistema climático no es posible más que por medio de una planificación democrática a escala mundial, la supresión de las producciones inútiles o nocivas, una amplia relocalización de la producción (en particular la agrícola) y una redistribución radical de las riquezas. Esta debería incluir en particular: la nacionalización sin indemnización de los grupos energéticos y de crédito, una reducción fuerte del tiempo de trabajo sin pérdida de salario, la abolición de las deudas públicas, la supresión de los derechos de propiedad intelectual sobre las tecnologías limpias, y una extensión considerable del sector público, bajo el control de las poblaciones. Solo una orientación anticapitalista en dirección a una sociedad que produzca para la satisfacción de las necesidades humanas reales, democráticamente determinadas, puede permitir disminuir radicalmente el consumo de energía y la producción material a la vez que se satisfacen las necesidades sociales de la mayoría. El salvamento del clima -que condiciona nuestras condiciones de existencia sobre la Tierra- tine ese precio. Es decir que el combate debe imperativamente ser asumido por los movimientos sociales, en particular por el movimiento sindical. En lugar de dejarse arrinconar mendigando un “relanzamiento” del capitalismo, como hacen actualmente, las organizaciones de trabajadores y trabajadoras deberían atreverse a elaborar y popularizar un amplio plan público de urgencia social y ecológica. Un plan que intentara a la vez dar un empleo a todos y todas y romper el engranaje mortal del crecimiento capitalista tendría una enorme legitimidad social, frente a este sistema que, como decía Marx, “destruye las dos únicas fuentes de toda riqueza: la tierra y el trabajador”.
(gracias a Rafik Khalfaoui por sus sugerencias)
27/12/2012
Traducción: Faustino Eguberri paraVIENTO SUR
Notas
1/ Sean Thompson, “Economics and ecology: the multiple nature of the crisis”, communication à la Historical Materialism Conference, London, nov 2012.

Instituto Humboldt avaló propuesta para parque en Santurbán Por: REDACCIÓN BUCARAMANGA. | 9:40 p.m. | 29 de Noviembre del 2012


En esta área no se realizará ninguna actividad productiva como minería, ganadería ni agricultura.
La propuesta de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB), de incluir 10.890 hectáreas de un ecosistema de páramo, subpáramo y bosque en un parque natural en Santurbán, recibió concepto favorable del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexánder von Humboldt.

La entidad nacional, que es el apoyo investigativo en biodiversidad del Sistema Nacional Ambiental (Sina), avaló la propuesta local para que en el área protegida no se realice ninguna actividad productiva como minería, ganadería ni agricultura.
 

En la zona hay vigentes 28 licencias mineras, la mayoría en etapa explorativa y pertenecientes a multinacionales.
 

La región fue el centro de atención después de que protestas de ambientalistas generaron que el Gobierno se negara a conceder una licencia ambiental a un proyecto de explotación de oro a cielo abierto.
 

Según Ludwing Arney Anaya, director de la CDMB, las 10.890 hectáreas aprobadas, localizadas en los municipios de Vetas, Suratá y California (Santander), garantizarán la preservación de la flora endémica, fauna amenazada, captación y recarga de acuíferos, lagunas y conectividad de los ecosistemas de páramo.

"La mayoría del área a declarar está constituida por páramos que han sido reconocidos como áreas de preservación, restauración y conservación", agregó el funcionario.

No obstante la aprobación de la propuesta, ambientalistas que constituyen varias organizaciones defensoras del páramo de Santurbán no están conformes con la declaratoria pues, según ellos, el parque debería ser más extenso.

Los dirigentes locales coinciden en que la iniciativa abarcaba 1.377 hectáreas más de las aprobadas.
 

A esto respondió Anaya que el recorte se produjo en la anterior administración de la corporación y que por el contrario, según él, en la propuesta final fueron anexadas 148 hectáreas más.

En el próximo mes de diciembre el consejo directivo de la CDMB se reunirá para llevar el proyecto a votación y decidir si se aprueba la declaratoria.

jueves, 29 de noviembre de 2012

El aumento de los mares supera todas las previsiones de las Naciones Unidas

Sergio Ferrari
Rebelión

Un crecimiento 60% más rápido que lo anticipado por la ONU

Un estudio demuestra la gravedad de la situación. Refugiados y conflictos climáticos en perspectiva.

Las aguas de los mares en el planeta crecen aceleradamente. Con un avance 60 por ciento más rápido de lo proyectado por los expertos de las Naciones Unidas en su informe del 2007.

Así la sostiene un estudio que acaba de ser publicado en “Environmental Researchs Letters”, revista británica especializada en la materia, y que fue retomado en las últimas horas por diversos medios internacionales de información.

Las preocupantes revelaciones coinciden con la realización en Doha, capital de Catar, de las 18 Conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. Allí, representantes de 190 países reunidos desde el lunes 26 de noviembre hasta el 7 de diciembre, deben evaluar el futuro del Protocolo de Kioto y avanzar los contenidos de lo que debería ser un acuerdo amplio sobre el clima previsto para 2015.

Crecen las aguas

El estudio de la publicación especializada sostiene que los mares podrían crecer en torno a 1 metro hasta el fin del siglo, superando significativamente las cifras de entre 18 y 59 centímetros anticipadas por el Grupo de Expertos de la ONU sobre el Clima (GIEC) en su informe del 2007.

De perpetuarse el actual nivel de calentamiento global y de crecimiento de las aguas, regiones enteras del globo, ubicadas a menos de un metro por sobre el nivel del mar, como por ejemplo Bangladesh, estarían condenadas a desaparecer. Concentraciones urbanas como la ciudad de Nueva York podrían confrontarse a una situación semejante a la recientemente vivida con el huracán Sandy.

Desastre ecológico, conflictos crecientes por los recursos naturales y millones de refugiados climáticos, serían parte de ese catastrófico escenario anticipado por el estudio de la revista británica.

Conferencia de Doha

Las señales de alerta se multiplican en las dos primeras jornadas de la Conferencia sobre el Cambio Climática de Catar, inaugurada el pasado lunes 26 de noviembre.

Las voces más realistas subrayan la preocupación creciente en no lograr controlar el calentamiento climático en 2 grados, máxima soportable según hipótesis de especialistas.

De mantenerse el ritmo creciente actual de calentamiento sin tomarse medidas drásticas de control de la emisión de gases, se baraja la hipótesis de un aumento de entre 3 y 5 grados hasta el final del siglo. Entre calentamiento global y crecida acelerada del nivel del mar, la Conferencia de Catar se confronta a decisiones radicales. La apuesta es intentar un nuevo acuerdo global que se firmaría en 2015 y que entraría en vigor a partir del 2020. Actualizando y reemplazando el Protocolo de Kioto (1997) y Kioto 2.

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=159937&titular=el-aumento-de-los-mares-supera-todas-las-previsiones-de-las-naciones-unidas-

domingo, 11 de noviembre de 2012

El oro es rojo


Por: Alfredo Molano Bravo
El tema está en la agenda de todo el mundo. Para muchos —con razón— es una nueva forma de entregar la riqueza sobre la que estamos sentados, a cambio de nada.

 Los indígenas opinan que su explotación es como meterle la mano a la mamá, y lo más grave: por un desconocido. Un negro me dijo algo de una lógica aplastante: “Si se lo van a llevar para meterlo en el banco, ¿por qué más bien no construyen un banco encima de la mina?”. Piensan lo opuesto funcionarios y ejecutivos: ¿Cómo vamos a vivir muertos de hambre con tanta plata enterrada? Un gran debate está por comenzar, porque muertos ya ha dejado. Y dejará.
Desde la Colonia fuimos los principales productores de oro en América, hasta el descubrimiento de las minas de oro en California, que enloqueció a los gringos. La leyenda del oeste, sus revólveres, sus vaqueros, están ligados a la fiebre del oro, de la que Chaplin se burló, como se burló de Hitler, como se burló del progreso de la industria. Quimeras.
La crisis fiscal de todos los gobiernos, sumada al robo de las platas del Estado y al costo de mantener el clientelismo y sobre todo la guerra, nos ha vuelto a meter, primero en la explotación de petróleo, carbón y níquel, y ahora de oro. El país está concesionado.
El oro ha subido de precio por la crisis económica. De US$50 la onza troy en los 80, hoy se paga a 2.000. Y en Colombia su comercio es prácticamente libre. De ahí el negocio de los narcos. Compran un título de una mina de oro, entran los dólares, compran oro donde se los vendan y luego lo declaran como sacado de su mina. La confianza inversionista no era solo para las compañías canadienses, sino para los narcos.
La minería ilegal tiene varios socios. El dueño —o poseedor— de la tierra. Va con el 10% o el 15% sobre lo que sacan las dragas o las retroexcavadoras. Otro socio es el barequero. La mayoría son mujeres que lavan oro en los huecos que hacen las retros. Hay otros socios muy importantes: las autoridades locales. Hablo de policías, militares, guerrillas, paramilitares, alcaldes y corporaciones de desarrollo. Cobran sus servicios, que son de acceso, de vigilancia, de orden y de participación. La guerrilla, los paramilitares y los narcos son, pues, inversionistas. Los miembros de la fuerza pública —algunos, agrego para que los generales no se molesten— son parte central del negocio. El gobierno de Santos ha emprendido una pelea contra la minería ilegal alegando razones ambientales y sociales. En el papel, válido. En la realidad, difícil. En el fondo no son medidas a favor del medio ambiente y menos de la gente que explota con batea y almocafre. Su objetivo, como lo dice el señor Restrepo, un poderoso minero antioqueño, es abrirles el campo a las multinacionales de la minería, casi todas canadienses. Empresas que, a través de la Canadian International Development Agency (CIDA), contribuyeron a la redacción del nuevo código minero. Así que Santos se mete a sacar las castañas del fuego para que las grandes firmas extranjeras se coman la pepa. El lío no va a ser menor porque las alianzas de los ilegales son sólidas y para todos rentables. Mucha gente vive del oro desde hace siglos; otros recién llegados tienen armas y los demás, esa infinita codicia que produce la caca del diablo.
Los recientes decretos del Gobierno han sido redactados a favor de las grandes mineras que no pagan derechos de importación ni IVA, que reportan a su gusto lo que sacan, que emplean solo a los recomendados de los gamonales de la región y que botan a los ríos toneladas de mercurio, cianuro. El Gobierno tendrá que afrontar a bala la reacción que desatarán esas medidas, porque la gente que ha vivido siempre del oro no tiene salida y las grandes compañías tienen afán de sacar lo que haya para meterlo a “correr” en el sistema financiero. Sangre y oro. Como siempre.

·         Alfredo Molano Bravo | Elespectador.com
·         XI 11 2012-11.
·         Colombia

viernes, 9 de noviembre de 2012

La tormenta política perfecta


Editorial de El Nuevo Día Noviembre 9, 2012

En pleno corazón de la sociedad más rica y poderosa del planeta, con equipos y recursos que solo allí se encuentran, la población ha sido impotente ante las fuerzas de la naturaleza y queda con la ominosa impresión de que la situación puede seguirse repitiendo a lo largo de las costas y en muy corto plazo.

La disputa por la Casa Blanca sacó también una confrontación de fondo: la necesidad de actuar de inmediato para contrarrestar el calentamiento global y sus desastrosas consecuencias o hacer de cuenta que esta es una invención de conservacionistas fanáticos que abrazan árboles y conversan con las plantas.


Como lo dejó saber Obama en su discurso de Chicago en la mañana del miércoles este es un tema que habrá de figurar de manera prioritaria en el nuevo mandato demócrata que ha de iniciarse en enero.


Es conocido que los Estados Unidos , su desaforado consumo y desperdicio contribuyen con gran parte de la contaminación y la producción de gases que aceleran el llamado efecto invernadero. 


De hecho el país del norte se ha rehusado consuetudinariamente a firmar los protocolos globales que pretenden mitigar los dañinos efectos en la atmósfera.


Si algo faltaba para crear conciencia de los peligros que asechan, la reciente tormenta Sidney, que azotó el Caribe y la costa oriental de los Estados Unidos tuvo múltiples y variados efectos.


Primero, la muerte de dos centenares de personas en Cuba y Estados Unidos;  segundo, la aterradora destrucción de las comunidades situadas en las costas de Nueva York y Nueva Jersey que todavía hoy no han recuperado servicios esenciales como la energía, el transporte colectivo y la distribución de combustibles en los inicios de la temporada invernal.


En pleno corazón de la sociedad más rica y poderosa del planeta, con equipos y recursos que solo allí se encuentran, la población ha sido impotente ante las fuerzas de la naturaleza y queda con la ominosa impresión de que la situación puede seguirse repitiendo a lo largo de las costas y en muy corto plazo.


Lo ocurrido en Estados Unidos y el Caribe, en Nueva Orleans hace unos años, los tsunamis que han causado centenares de miles de víctimas, los monzones del Océano Índico y el descongelamiento acelerado en Groenlandia y el Polo Norte no admiten argumento en contrario y solo puede mover a la acción inmediata y con el despliegue de todas las fuerzas y acciones posibles.


Por cierto, no faltan quienes atribuyan al Sandy el hecho de que mucha gente se volcó en masa a las urnas por Obama ante la terca negación de los republicanos y sus voceros.   

Publicada por
EL NUEVO DÍA
Principio del formulario

lunes, 5 de noviembre de 2012

Algo anda mal: la minería no es una panacea para el desarrollo social o el equilibrio fiscal


Por: Alvaro Pardo / Director de Colombia Punto Medio

La ponencia presentada por el profesor Guillermo Rudas en el Foro Nacional Ambiental el pasado 25 de abril, concluye con cifras oficiales que no hay ningún municipio de las zonas productoras de carbón y oro del país, cuyos habitantes vivan hoy mejor que antes.

Por el contrario, el análisis de cuatro variables socioeconómicas –Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), muertes por causas violentas, mortalidad infantil y población en condición de miseria -, concluye que existe un evidente deterioro de las condiciones de vida de los pobladores comparado con municipios donde no hay minería.

En su trabajo "La locomotora minera ¿crecimiento compatible con la adaptación al cambio climático?", Rudas desnuda el discurso oficial y de las grandes compañías mineras sobre desarrollo y bienestar, utilizando para ello las estadísticas que divulgan los organismos oficiales.

Ojala que este trabajo, reproducido en la página de Colombia Punto Medio, sirva para que el Gobierno Nacional recapacite sobre la conveniencia de mantener un modelo de desarrollo minero inequitativo, oneroso y excluyente, y que en la reforma al Código de Minas que deberá presentar al Congreso, tenga en cuenta que el interés general de la Sociedad es superior a los intereses de la minería a gran escala.

Aunque el autor analiza también los riesgos de la locomotora en relación con la adaptación al cambio climático y la posibilidad de adelantar esta actividad sin generar un deterioro de gran magnitud sobre los recursos naturales renovables, en particular el agua en zonas estratégicas, aquí sólo vamos a comentar lo relativo a los asuntos sociales y fiscales.

Rudas arranca examinando las metas de la locomotora minera en el Plan de Desarrollo del actual gobierno y haciéndose la siguiente pregunta: ¿Puede la locomotora minera cumplir con los retos de superación de pobreza y de manejo del déficit fiscal que plantea el actual Plan de Desarrollo?

El autor toma las estadísticas oficiales de los principales departamentos y municipios productores de carbón (Guajira y Cesar), y de oro (Antioquia, Chocó, Bolívar y Córdoba), y hace dos tipos de comparaciones de las variables antes mencionadas para sacar algunas conclusiones en cuanto a la superación de la pobreza.

Primero, compara los indicadores socioeconómicos de los municipios de estos departamentos con los municipios de los demás departamentos, para observar sí la minería y la afluencia de regalías mineras ha contribuido al desarrollo y bienestar de la población.

En segundo lugar, Rudas compara los indicadores mencionados de los municipios mineros con los no mineros del mismo departamento, para verificar cómo los primeros han sido impactados, favorable o desfavorablemente, por la presencia y desarrollo de esta actividad.

En cuanto al aporte de la minería e hidrocarburos a la meta de reducir el déficit fiscal, el autor refina su conocido análisis sobre la tributación efectiva de este sector y concluye con nuevos hallazgos que en términos porcentuales paga más impuestos un trabajador independiente que los sectores de carbón y oro.

a. Crecimiento minero sin desarrollo efectivo.

Municipios de departamentos mineros versus departamentos no mineros

Los municipios de departamentos de la gran minería del carbón (Guajira y César), arrojan niveles de violencia inferiores a los demás departamentos del país, pero las estadísticas sociales son peores que en el resto del país.

a. La tasa de mortalidad infantil es de 44 muertes por cada mil nacidos contra 36 en el resto de los municipios del país. Este indicador es también significativamente más alto que el índice nacional de 26 muertos con cada mil nacidos.

b. En los municipios donde se desarrolla la gran minería del carbón, el índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), es del 56%, versus el 45% en los demás municipios del país y el 29% como índice nacional.

c. El 33% de los habitantes de los municipios de la gran minería del carbón viven en condiciones de miseria, contra el 21% en los demás municipios del país y el 12% de la población del país. La miseria es casi tres veces más grandes en los municipios donde operan El Cerrejón, Drummond y Prodeco, entre otros, que la miseria a nivel nacional.

Indicadores de municipios mineros versus no mineros de los mismos departamentos:

a. No se observan grandes diferencias en los indicadores de violencia entre estos dos grupos de municipios, de donde concluye que la minería de carbón no logra que los municipios que reciben directamente las regalías hayan logrado mejoras significativas en los indicadores de pobreza, en contraste con los demás municipios no mineros del mismo departamento.

En cuanto a la minería de Oro, Rudas examinó las mismas variables oficiales de los departamentos de Antioquia, Chocó, Bolívar y Córdoba, y llegó a las siguientes conclusiones:

a. De los cuatro departamentos estudiados, tres de ellos, Chocó, Bolívar y Córdoba, presentan tasas de mortalidad infantil, NBI y situación de miseria significativamente superiores al municipio promedio del país.

b. En el caso de Antioquia, donde se localizan los municipios con mayor producción de oro del país, éstos registran un índice de muertes violentas significativamente superiores al promedio del resto de los municipios: 57 muertes por cada cien mil habitantes, contra 44 en los demás municipios.

c. Pero en los otros tres indicadores, los municipios auríferos de este departamento presentan, en promedio, niveles significativamente mejores que los del resto del país. Recordemos que en Antioquia prevalece la pequeña y mediana minería, pese a la presencia de Mineros S.A., y que la generación de riqueza tiende a distribuirse mejor a nivel local, que la riqueza generada por los enclaves.

d. Pero lo más preocupante, añade Rudas, es que la diferencia entre los municipios mineros y no mineros de Antioquia, es significativa: Los municipios mineros registran, según cifras oficiales, 96 muertes violentas por cada cien mil habitantes, cifra que más que duplica el promedio de los demás municipios del departamento.

e. El análisis de estos indicadores muestra que "la minería de oro no genera mejoras significativas en las condiciones de la población, de por sí ya muy deteriorada, en contraste con los municipios donde no hay esta minería.

Un análisis específico hecho en los municipios de El Bagre, Nechí y Zaragoza, donde opera la compañía Mineros S.A., concluye que la situación es extremadamente grave en cuanto a condiciones de miseria y NBI. Por tanto, hablar de la presencia de grandes compañías mineras formales no es condición suficiente para mejorar las condiciones de vida de la población del área de influencia minera.

Beneficios tributarios a la minería y a los hidrocarburos

Se pregunta Guillermo Rudas sí el enorme auge de la actividad minera en el país se está canalizando para sanear las finanzas públicas nacionales, como propone el Plan de Desarrollo del Presidente Santos.

Un análisis más refinado del autor y a partir de las cifras del DANE sobre estos sectores (la DIAN tiene cifras agregadas y son confidenciales), muestra que además de los enormes beneficios especiales y transitorios (en algunos casos), así como el manejo particular de la depreciación y amortización de las inversiones, el descuento de las regalías y descuentos del IVA, se llega a la conclusión de que la tasa efectiva de tributación sobre utilidades es apenas del 12% en los últimos tres años.

Estas tasas son especialmente bajas en el caso del carbón (7,4%) y los metales preciosos (4,3%). Se trata de una tasa ridícula, más cuando a la mayoría de los colombianos nos descuentan, por la derecha y sin derecho "a pataleo", tasas del 10 a 11% de retención en la fuente por honorarios.

Ahora bien, esta es la realidad tributaria en un escenario donde no hay evasión. Sin embargo, Rudas muestra como, también a partir de cifras oficiales, las exportaciones de oro superaron con creces la producción aurífera registrada. Aquí la autoridad falló al permitir la venta al exterior de oro sin verificar que hubiesen pagado regalías y denuncia la falta de información para verificar si se trata de inventarios previos, producción formal, contrabando o exportaciones ficticias para lavar dólares.

Finalmente, encuentra que los beneficios obtenidos por las compañías mineras y petroleras (impuestos nominales menos impuesto efectivo), éstas superan las regalías. Esta es la conclusión más dramática, pues significa que estamos entregando a cero costo los Recursos Naturales No Renovables del país e incluso pagando a las compañías por el enorme favor de operar en Colombia.

No será que la avalancha de inversión extranjera en estos sectores tiene que ver, no con la seguridad jurídica de los inversionistas o con el volumen de reservas por encontrar, sino con que a espaldas de los colombianos, se generó un verdadero paraíso fiscal para los especuladores internacionales.

Nota: Obsérvese que las más grandes compañías productoras de carbón y oro en el país, la mayoría multinacionales, hacen parte del gremio de la Minería a Gran Escala, conformada para hacer creer a los colombianos que con su "minería responsable", contribuyen a mejorar la vida de los colombianos y a que el 80% de la renta que generan, queda en el país por conceptos que hasta la fecha no conocemos.

¡Algún día habrá que indignarse!





Muchas minas, poco desarrollo


En Antioquia, Chocó, La Guajira y Cesar, el oro y el carbón siguen sin traer progreso a las regiones

Por: Sergio Silva Numa / Angélica María Cuevas G.
Noviembre 3 de 2012
Los departamentos con más presencia minera siguen viviendo entre homicidios y pobreza.

Las aguas del río San Juan, un importante afluente que serpentea por el Chocó desde los Andes colombianos, lo vieron todo. El 19 de octubre sus playas tuvieron que soportar el peso de la minería. Ahí, en la arena, aparentemente por oponerse a las explotadoras de carbón que se enamoraron de la riqueza de la selva, amaneció sin vida José Nelson Ledesma, líder comunitario de Profundó, un corregimiento al oriente de la región.
Y aunque él, de 67 años, jamás denunció amenazas o intimidaciones, todos los rumores apuntan hacia los mismos culpables: bandas criminales que se están adueñando de las tierras para extraer sus tesoros. Muchos, ahora, tienen miedo y quieren irse; quieren dejarlo todo y echarse a andar.
Ellos, como muchos colombianos, tal vez tendrán que padecer desde ahora —aunque el oro de sus vecinos ya se los había anunciado hace un par de lustros— el paso de una locomotora que, pese a haber obtenido millonarias ganancias, no refleja su fortuna en las condiciones socioeconómicas de las regiones en que se encuentran los recursos explotados.
Eso es lo que se logra concluir de un estudio realizado por el economista e investigador Guillermo Rudas y financiado por el Fondo Nacional Ambiental. Su proyecto no pretende otra cosa que evidenciar el panorama que se desprende de la explotación minera, un asunto que, como dice Santiago Londoño, secretario de Gobierno de la Gobernación de Antioquia, “ha hecho que la riqueza del subsuelo nunca se convierta en la riqueza de quienes habitan el suelo”.
La investigación de Rudas resalta los enormes recursos que la actividad minera le aporta al país: su participación en el impuesto a la renta, por ejemplo, lo pone en el primer lugar de todos los sectores económicos.
Sin embargo, ese dinero, en ocasiones debió ser mucho mayor al estimado, dice Rudas. Calcula que en 2010 este sector debió declarar $16 billones por impuesto a la renta, pero por ventajas fiscales esa cifra se redujo a tan solo $5,5 billones.
De igual manera, las regalías dejaron cuantiosos montos: para 2011 el país recaudó $8,8 billones, a diferencia de los $2,7 billones que logró en 2004.
Pero aún así, esas inimaginables cifras no parecen verse reflejadas en el bienestar de quienes habitan los principales lugares de explotación del país. En el caso de Cesar y La Guajira, departamentos que durante décadas han tenido explotación carbonífera de grandes multinacionales, existen índices que contrastan de manera sorprendente con el promedio del resto de regiones del país. La mortalidad infantil supera en casi 10 puntos el índice nacional; las necesidades básicas insatisfechas (NBI) son del 56%; y el porcentaje de miseria alcanza el 43% en el caso de La Guajira, mientras que en el país es de 12%.
El desalentador paisaje se replica en muchos territorios. El oro, otra de las principales fuentes de la minería y del que se exportan más de 60 toneladas anuales, también ha dejado secuelas pese a su preciado valor comercial. Chocó, Bolívar, Córdoba y Antioquia son los más claros ejemplos de esta situación.
Según la investigación de Rudas, en Chocó está el más alto índice de mortalidad infantil: 69 puntos frente a los 26 del promedio colombiano. Antioquia, por su parte, es la que más muertes violentas presenta, con 57 por cada cien mil habitantes. Pero el dato más alarmante es el índice de miseria que agobia a todo este territorio: en Chocó el 34% de sus habitantes padecen esta condición, en Córdoba el 35% y en Bolívar el 38%.
En el sur de este último departamento la minería está acabando con los ecosistemas y la salud de la población. Mercurio y cianuro transitan por los ríos que surten de agua y peces a los habitantes, desembocando en graves enfermedades. “Por eso, aunque tengamos 27 ciénagas, la tierra, la fauna y la flora están totalmente destruidas. Y con eso viene la violencia: los Urabeños y las Águilas Negras se están apoderando de los municipios de San Pablo y Simití”, cuenta José Férez Marconi, personero del último.
Allí en Simití se vive el trabajo infantil, la prestación precaria de servicios básicos, el aumento de extorsiones y un sin número de casos de violencia sexual contra las mujeres. “La minería lo único que nos ha traído es pobreza”, dice Férez.
Con él concuerda Jhoaris Perea, personero de Condoto (Chocó). Ahí, por culpa de los grupos armados que llegaron a apropiarse de terrenos que en sus entrañas guardan reservas minerales, en 2004, una buena parte de la población tuvo que abandonar sus hogares. “Éramos conocidos como la capital del oro y del platino, pero ese nombre ya no concuerda con el desarrollo del municipio. Esa riqueza no se ve”, asegura Perea.
En Condoto, la minería, como si no le bastase con distribuir la fortuna que acumula de forma inequitativa, también ha destruido casas, denuncia el personero. Dice que las 30 que conformaban el barrio Platinero empezaron a agrietarse porque por culpa de las ineludibles máquinas que se adentraban en la tierra, el suelo no pudo evitar removerse. Las grietas entonces comenzaron a aparecer en las paredes, anunciando un inminente derrumbe. Hace un año luchan con la empresa responsable, pero todavía esperan, por lo menos, llegar a un acuerdo conciliatorio.
Esos escenarios, repletos de violencia y miseria, no cesan de repetirse a lo largo y ancho de esos departamentos. “En Antioquia la situación está muy complicada. En municipios como Remedios y Segovia (Bajo Cauca) esa debilidad está acompañada de una feroz confrontación de bandas criminales. Con las Farc y el Eln, que controlan la minería ilegal, se han multiplicado los homicidios terriblemente. En el nordeste la tasa de homicidios se encuentra en 100 muertes por cada 100.000 habitantes; eso supera por tres las muertes violentas de Medellín (35/100.000) y está muy por encima del promedio del departamento (41/100.000)”, afirma el secretario de Gobierno departamental.
Antioquia, además, tiene el infortunio de respirar mercurio. Es justo al nordeste donde se producen las mayores cantidades del tóxico mineral, para luego viajar por un río Cauca que atraviesa gran parte del país y un aire que alcanza distancias inimaginables.
Hoy en día las minas auríferas ilegales están reemplazando los cultivos ilícitos. “Es que es un negocio que mueve mucho dinero: una bolsa de oro se cotiza en US$1.600 y se calcula que Antioquia extrae anualmente 24 toneladas. Se requiere el fortalecimiento de las instituciones”, dice Londoño.
“¿Puede la locomotora avanzar hacia la superación de la pobreza y el manejo del déficit fiscal que plantea el actual plan de desarrollo?”, pregunta Rudas en su informe.
Tal vez, mientras predomine este panorama, la respuesta a esa pregunta será repetitiva e ineluctable. Tal vez, como él mismo lo dice, hasta que se reforme el actual régimen tributario y se mejore la capacidad del Estado para ejercer control, la explotación minera y de hidrocarburos no podrá superar los retos económicos, sociales y ambientales.
Y para Rudas aún queda una enorme duda: “lo que ahora tendremos que revisar es si realmente la modificación de la Ley de Regalías va a resolver estos problemas, que no fueron abordados de fondo en el planteamiento de este nuevo sistema. No existen evidencias de que al regar la mermelada por toda la tostada las violaciones a los derechos humanos vayan a cesar”.

Sergio Silva Numa / Angélica María Cuevas G. | Elespectador.com