lunes, 25 de junio de 2012

Dossier Ecología y economía en Río+20




Alejandro Nadal · Daniel Tanuro · George Monbiot · · ·

Río+20: para rescatar el neoliberalismo


El mundo no sólo enfrenta el reto de una crisis global que gana fuerzas cada día, con su secuela de desempleo y su promesa de estancamiento a largo plazo. También se le opone un proceso de deterioro ambiental sin paralelo. Extinción masiva de especies, erosión de suelos y cambio climático son ejemplos de esta degradación ambiental provocada por la actividad humana.
Cualquier persona esperaría que las causas profundas de estos problemas serían abordadas con rigor en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sustentable (mejor conocida como Río+20). La conferencia depende de todo el sistema de Naciones Unidas, pero la voz cantante la lleva el Programa de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente (PNUMA) a través de su propuesta de crear una economía verde.
La noción de economía verde ha sido objeto de una fuerte polémica desde que surgió esta iniciativa del PNUMA. Se le ha definido como una economía en la que hay crecimiento con equidad social, bajas emisiones de carbono y mayor eficiencia en el uso de los recursos naturales. Según el PNUMA, si se invierte una suma equivalente al 2% del PIB mundial en diez sectores de la economía, se puede asegurar la transición a una economía verde.
Aquí comienzan los problemas. En los documentos oficiales del PNUMA para la conferencia de Río+20 no se encuentra un capítulo que haga referencia a la crisis que hoy azota la economía mundial. No se analizan sus orígenes o su naturaleza, y tampoco se consideran los efectos de las políticas macroeconómicas con las que se ha buscado hacerle frente. Tal pareciera que nada de esto tiene implicaciones para los esfuerzos en alcanzar la dichosa economía verde.
Esta no es una omisión inocente. Al ignorar la crisis, que es en esencia un fenómeno macroeconómico, se evade de manera conveniente la discusión sobre las contradicciones internas del modelo neoliberal. Así se eluden temas como la caída en el poder adquisitivo de los salarios, el endeudamiento de los hogares, la expansión y opacidad del sector financiero. Con esto se guarda en un cajón el tema de la inestabilidad de las economías capitalistas.
Lo único que queda es una serie de sectores aislados en donde los problemas pueden ser cómodamente tratados como fallas de mercado. Aquí entra la economía ambiental de corte neoclásico al rescate. Su mensaje es sencillo: lo que se necesita es colocar un precio a todo lo que llamamos medio ambiente y crear nuevos mercados (como el de bonos de carbono).
Y ¿la reducción de la pobreza en la economía verde? La realidad es que no hay ningún mecanismo en la concepción del PNUMA sobre la economía verde que permita pensar en esta reducción de la pobreza. No se analiza el tema de los salarios. Qué raro, ¿verdad? Lo único que dicen los documentos de este organismo es que si se invierte en el capital natural que es el soporte de la agricultura, las pesquerías y los bosques, los pobres que dependen de estos sectores se verán beneficiados. Ésta es, desde luego, una afirmación aventurada. Si se hace abstracción de la estructura económica en estos sectores es difícil sostener la idea de que nuevas inversiones tendrán, por sí solas, el efecto deseado.
¿De dónde vendrán las inversiones para la transición a la economía verde? El PNUMA responde: del sector financiero. Poco importa que el mundo de los bancos de inversión, de las casas de bolsa, de los vehículos de inversión estructurada y de las empresas calificadoras haya sido el epicentro de la crisis global. Tampoco es relevante el que los mercados financieros sean esencialmente inestables y volátiles. Para el PNUMA lo que interesa es mantener a la política económica subordinada a los dictados del capital financiero.
Un defecto clave de la iniciativa del PNUMA se relaciona con el modelo matemático utilizado para simular la transición a la economía verde. Es ya una práctica común en este tipo de aventuras utilizar modelos matemáticos que supuestamente proporcionan números duros para justificar un proyecto y vestirlo de un manto de rigor analítico. En este caso son muchas las limitaciones del modelo utilizado, pero una salta a la vista: no se necesita ser experto para observar que en dicho modelo no hay lugar para el sector financiero. Esto es sorprendente para cualquier observador, pero los economistas están acostumbrados a este tipo de aberraciones.
Aquí la contradicción del PNUMA es chocante. Por una parte no tiene empacho en afirmar que las inversiones para alcanzar la economía verde provendrán del sector financiero. Por la otra, el modelo matemático para imprimir rigor y sustentar sus afirmaciones, no puede incorporar al sector financiero. Caray, como dijo Marcelo en el Hamlet, algo está podrido en Dinamarca.
Con su iniciativa de la economía verde los funcionarios responsables del PNUMA han defraudado a los pueblos del mundo. En la conferencia de Río sobre desarrollo sustentable no es la salvación del mundo la prioridad. Lo que se busca es rescatar al modelo neoliberal.

Alejandro Nadal es miembro del Consejo Editorial de SinPermiso

La Jornada, 20 de junio de 2012



Río + 20:  el futuro que no queremos

Veinte años después de la primera Cumbre de la Tierra, la ONU volvió a Río para una nueva conferencia bajo el signo de la "economía verde". Bajo el título "El futuro que queremos", el proyecto de resolución no levanta acta de ningún balance de las decisiones adoptadas en 1992. En cuanto a las perspectivas, la propaganda oficial nos quiere hacer creer que combinan el respeto por las limitaciones ambientales y la justicia social ... Los textos muestran un proyecto totalmente diferente: la ayuda masiva a las empresas para acaparar y saquear aún más sistemáticamente los recursos naturales, a expensas de la sociedad. Inspirado sobre todo por el Banco Mundial y la Agencia Internacional de la Energía, “El futuro que queremos” es un documento radicalmente ultraliberal. Implica una mayor austeridad, miseria y desigualdad social, y una peligrosa escalada de la degradación ambiental. Una doble observación que refuerza la urgencia del combate eco-social por una alternativa al productivismo capitalista.
Una buena manera de escamotear el balance de una política es alinear los aspectos positivos y negativos alternativamente, dejándolo en la vaguedad y sin la integración de las dos dimensiones. En este viejo truco manido es el que se utiliza en el proyecto de resolución de Río +20. Se dice en el párrafo 10 que "en los veinte años transcurridos desde la Cumbre de la Tierra en el año 1992, se registraron avances y cambios", y agrega a continuación que "el desarrollo insostenible ha aumentado la presión sobre los limitados recursos naturales de la Tierra". Y así sucesivamente en varios párrafos. ¿Debemos creer que nos acercamos a la meta, cuando nos estamos alejando?
Ocultar este fracaso ...
Ya que la ONU no evalúa sus decisiones, vamos a hacerlo nosotros mismos. La cumbre de 1992 aprobó principalmente la Convención Marco sobre el Cambio Climático (CMNUCC), de donde salió a duras penas  el Protocolo de Kioto. Hace dos años fue formado el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC). El cuarto informe (2007) de este organismo confirmó los anteriores: para que la temperatura de la superficie de la Tierra no supere un aumento de 2 grados centígrados en comparación con 1780, las emisiones de gases de efecto invernadero deben comenzar a disminuir, como más tarde, en el año 2015, para disminuir durante cuarenta años del 50 a 85% en todo el mundo, y del 80 al 95% en los países desarrollados, en comparación con 1990. (En realidad, sería prudente optar por la parte superior de estas bandas, ya que el calentamiento avanza más rápido que lo indicado por los modelos).
¿Todavía hay que demostrar que no avanzamos en este sentido? En general, todos los gases sumados, las emisiones han crecido por lo menos el 25% en veinte años. Además, su tasa de crecimiento anual se ha triplicado, llegando al 3% el año 2000 (3,4% en 2011). Los objetivos más que simbólicos de Kioto ni siquiera se respetan. Para atajar el calentamiento global, se necesita con urgencia un nuevo acuerdo internacional vinculante, proactivo e incluyente, teniendo debidamente en cuenta el principio (consagrado en la Convención) de  responsabilidad compartida, pero diferenciada, de los países y grupos de países. Sin embargo, la creciente competencia intercapitalista, sobre todo desde la crisis financiera de 2008, hace que la conclusión sea más que dudosa.
La cumbre de Copenhague del 2009 fue un rotundo fracaso. Las de Cancún y Durban, en 2010 y 2011, no han hecho más que tomar nota de una lista de buenas intenciones - para adormecer las protestas- para hacer hincapié en las pseudo-soluciones liberales basadas ​​en la creación de un mercado de carbono. Resultado: ya no es posible permanecer por debajo de un aumento de la temperatura de 2 grados centígrados. Sobre la base de las promesas de los estados (¿pero acaso se cumplirán?), la tendencia es, en realidad, hacia un calentamiento de entre 3,5 y 4 grados centígrados, o más, hasta finales del siglo.
Lo que se está produciendo no es un cambio climático, sino un vuelco climático. Y tendrá consecuencias graves e irreversibles sobre el nivel del mar, la productividad agrícola, los suministro de agua, la biodiversidad, la salud ... Cientos de millones de personas sufrirán las consecuencias, sobre todo los pobres de los países pobres. En el proyecto de resolución, este fracaso se esconde bajo la alfombra con tres frases vacías: repite que "el cambio climático es uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo", que "acoge con satisfacción el resultado de la Conferencia de Durban", y expresa su "profunda preocupación por los países en desarrollo, que son particularmente vulnerables. "
El párrafo 70 del proyecto de resolución es el único que propone objetivos numéricos y plazos. Dice: "Nos proponemos mejorar la eficiencia energética a todos los niveles para duplicar su tasa de crecimiento anual hasta el 2030 y doblar la cuota de energías renovables en el mix energético para el año 2030". Escenarios tomados de la Agencia Internacional de la Energía, estos objetivos relativos no son garantía, por supuesto, de una reducción absoluta de las emisiones mundiales del 50 al 80%. Todo depende de la evolución de la demanda de energía. Ahora bien la AIE propuso duplicar la eficiencia energética en treinta años ... y añade que la parte de los combustibles fósiles seguirá predominando.
Mejorar la eficiencia energética y la participación de las energías renovables son sólo un medio para lograr los objetivos: en concreto, la limitación del aumento de la temperatura a ese nivel,  de donde se deduce la necesidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en la misma proporción. La cumbre de Cancún adoptó el objetivo de limitar el aumento de la temperatura a 2 ° C , incluso  1,5 ° C ... sin especificar los medios para ponerlo en práctica. Para Río +20, es todo lo contrario: el proyecto de resolución identifica los medios... sin haber fijado un objetivo.
 Economía Verde
¿Por qué todo este lío? Porque la preocupación de la cumbre no es "erradicar la pobreza en el cuadro de un desarrollo sostenible", como dice la propaganda de la ONU. Sino que trata de abrir oportunidades a la gran cantidad de capital excedente que pulula como buitres por el cielo en busca de ganancias. La especulación sobre las monedas, sobre las deudas y las materias primas ya no es suficiente para satisfacer su apetito. Los grandes grupos apuestan cada vez más por la industria verde y por la transformación de los recursos naturales en mercancías. Vender los bienes y servicios que la naturaleza nos proporciona - convertir esos valores de uso en valores de cambio- es su objetivo.
Es en este contexto donde surgió el nuevo concepto de moda: la llamada "economía verde". Su definición es tan nebulosa [1] que algunos creen que es una nueva etiqueta en la vieja botella del desarrollo sostenible. Error. Como señala el informe que el PNUMA publicó para Río +20, "el concepto no pretende sustituir al de desarrollo sostenible, sin embargo cada vez más se reconoce que el logro del desarrollo sostenible depende casi en su totalidad de un buen enfoque económico ( ...). El desarrollo sostenible sigue siendo un importante objetivo a largo plazo, pero para llegar a él es necesario “enverdecer” la economía "[2].
En otras palabras, la insostenibilidad del desarrollo no se debe a la superación de los límites ecológicos: es simplemente resultado de que los empresarios no entienden la necesidad de adoptar "un buen enfoque económico". En lugar de perder el tiempo en buscar "compromisos" entre lo social, lo ambiental y lo económico - según recomienda el "desarrollo sostenible" - es suficiente centrarse en la economía, hacerla verde y el resto vendrá dado "casi en su totalidad". El PNUMA lo escribe, blanco sobre negro: "la inevitabilidad de un compromiso entre la sostenibilidad ambiental y el progreso económico es el error más común", porque "hay muchas oportunidades de inversión, y por lo tanto de aumentar la riqueza y el empleo en muchas zonas verdes".
Un breve repaso en perspectiva aclarará el alcance de esta cita. Hace cuarenta años, el Club de Roma abogó por un "crecimiento cero". Su informe planteaba una gran cantidad de críticas, a menudo justificadas (porque los autores coqueteaban con Malthus), pero tenían la ventaja de decir lo que era evidente: la imposibilidad de un crecimiento material ilimitado en un mundo finito. Quince años más tarde, el informe Brundlandt  trató de resolver el problema proponiendo el concepto de desarrollo sostenible. Una respuesta inconsistente – no ponía en cuestión ni el productivismo inherente al capital ni a la burocracia de la URSS -, pero los límites estaban presentes, a través de la insistencia en el uso cuidadoso de los recursos. En Río de Janeiro en 1992, este énfasis se diluyó en la teoría de los  “compromisos inevitables”entre los "tres pilares". La "Economía verde" representa un nuevo cambio: en adelante, en nombre del compromiso, dejemos hacer negocios, business. Como el capital se niega a respetar los límites de los recursos, que sean los recursos los que respeten las necesidades ilimitadas del capital.
El avance del concepto de economía verde es, pues, una victoria de los ideólogos neoliberales. Durante más de veinte años, han luchado contra la idea misma de los límites del desarrollo (los más fanáticos) y contra la necesidad de "compromisos" entre la economía y los otros "pilares". Uno de sus argumentos es que la propiedad y la explotación capitalista de los recursos en un marco normativo claro garantizaría su uso ecológicamente sostenible y socialmente útil. El Banco Mundial pone en práctica estas ideas con entusiasmo a través de sus diversos fondos y proyectos "verdes". Recientemente, también ha publicado un informe [3].  El PNUMA se alinea completamente con esta doctrina.
Sin embargo, está lejos de estar todo tan claro. Surgen varias cuestiones. 1) Una proporción significativa de la industria verde, sólo es rentable potencialmente; la mayoría de las fuentes de energía renovables, en particular, no son competitivas en relación a los combustibles fósiles, y no lo serán en los próximos quince a veinte años. 2) Grandes masas de capital están bloqueadas en el sistema energético actual, donde las inversiones son a largo plazo; dos ejemplos: el costo total de reemplazar los combustibles fósiles y las centrales nucleares se estima entre 15 y 20 trillones de dólares (¡entre un cuarto a un tercio del PIB mundial!), y las reservas probadas de combustibles fósiles - que forman parte de los activos de grupos de presión del carbón, el petróleo y el gas -son cinco veces superiores al presupuesto de carbono que la humanidad aún puede permitirse el lujo de quemar (la "burbuja de carbono") ... 3) Una buena parte de los recursos naturales son bienes públicos que no pertenecen a nadie y no se pueden medir en términos monetarios.
La vuelta de los cercados
El capital no podrá ,por lo tanto, alcanzar su paraíso verde a menos que los estados le allanen el camino. El PNUMA lo afirma sin rodeos: "Los sectores de las finanzas y la inversión controlan miles de millones de dólares y son capaces de proporcionar el grueso de la financiación. (...) Los fondos de pensiones y compañías de seguros están considerando cada vez más  la posibilidad de reducir los riesgos MSG (medioambientales, sociales y de gobierno) a través de la formación de  “carteras de activos verdes ...”. Sin embargo, la tasa de ganancia no es suficiente, por lo que"la financiación pública es esencial para activar la transformación de la economía". Por lo tanto, "el buen enfoque económico" es llevar a cabo las "reformas necesarias para liberar el potencial de producción y el empleo de una economía verde", que actuará "como un nuevo motor y no como un retardador del crecimiento".
De acuerdo con la tesis ultraliberal de la "tragedia de los comunes", la privatización de los recursos es una prioridad en este programa de "relanzamiento". Para el PNUMA, en efecto, "la infravaloración, la mala gestión y, en última instancia, la pérdida" de los "servicios ambientales" han sido "provocados" por su "invisibilidad económica", que se deriva del hecho de que son "sobre todo bienes y servicios públicos". Por consiguiente: si los bosques, el agua, el aire, la tierra, la luz solar, las poblaciones de peces, la vida en general y la gestión de residuos se privatizaran por completo, sus propietarios deberían garantizar la sostenibilidad ecológica, ya que ésta condicionaría la sostenibilidad de sus beneficios y el coste auténtico impediría el consumo excesivo.
Por consiguiente, el PNUMA pasa revista a todas estas áreas, señalando las políticas a decidir a fin de que los diversos elementos del "capital natural" se puedan transformar en mercancías, a expensas de la comunidad. En el sector forestal, por ejemplo, aboga por "una asignación del 0,03% del PIB entre 2011 y 2050 para pagar a los propietarios por la conservación de sus bosques y la inversión privada en reforestación" para aumentar "el valor agregado de la industria forestal en más del 20%”. En el sector del agua, señala que "la brecha entre la oferta general y la demanda es importante e insostenible, por lo que sólo cubierta por la inversión en infraestructuras y la reforma de las políticas del agua, es decir, la ecologización del sector del agua. "Más ecológico" significa "mejores sistemas de derechos de propiedad y de asignación de recursos, la generalización del pago de los servicios ambientales, reducir los subsidios al consumo y la mejora de la facturación del agua y su financiación". Todo es por el estilo. Se trata de la repetición en todo el planeta y en todas las áreas de  los "cercados" de las tierras comunales, que en Inglaterra, llevaron a los campesinos a la pobreza, expulsándoles de sus tierras, creando así el proletariado.
Pero no es sólo la privatización. La transición a una economía verde significa que los gobiernos deben "establecer las reglas de juego más favorables a los productos ecológicos, es decir, abandonar  la fase de las subvenciones de otros tiempos, reformar sus políticas, adoptar medidas que incentiven, fortalecer la infraestructura de los mercados y los mecanismos económicos, reorientar la inversión pública y reverdecer los mercados públicos ". Toda una panoplia de reformas neoliberales ha sido ya preparada, desde el sistema de emisiones canjeables hasta los pagos por servicios ambientales (con REDD y REDD + controladores citados como ejemplos), a través de la liberalización del comercio mundial. Como la economía verde debe ser competitiva y "rentable", el programa también incluye la flexibilidad, la precariedad laboral, y la disminución de las “cargas sociales " - eventualmente para compensar los impuestos medioambientales, tomando como ejemplo lo que se ha hecho en Alemania. Todo en nombre del empleo, por supuesto.
 La lucha ecosocialista
No es broma, “El futuro que queremos”  llama a un "enfoque holístico del desarrollo sostenible, que guiará a la humanidad hacia una vida armoniosa con la  naturaleza (sic)". ¡Qué bla,bla,bla, qué cinismo!
En materia social, dada la enorme deuda de los estados, la financiación de la llamada "economía verde" implica necesariamente la acentuación de la brutal ofensiva que los empresarios, los gobiernos, el FMI, el Banco Mundial y otras instituciones llevan a cabo contra el "99%" de la población, de norte a sur y de este a oeste del planeta.
En materia ambiental, no hay foto tampoco. Para trazar la ruta de la transición a una economía verde, el PNUMA se basa principalmente en el escenario Mapa Azul de la AIE, para reducir las emisiones a la mitad el año 2050. En primer lugar, suponiendo que el objetivo se cumpla, lo más probable es que fuera insuficiente. Además, el Mapa Azul depende de manera determinante de las tecnologías de los aprendices de brujo como son la nuclear, los biocombustibles y el llamado "carbón limpio" (con captura y secuestro de carbono): se deberían construir anualmente durante cuarenta años, 32 plantas de energía nuclear de 1.000 MW, así como 45 nuevas centrales de carbón de 500 MW equipadas con mecanismos de captura y almacenamiento de carbono con CCS ...
Río+20 es el mejor ejemplo del "futuro que no queremos", aquel que lleva a la destrucción social y ecológica provocada por el capitalismo. El interés de los explotados y oprimidos es bloquearla con su lucha ecosocialista, contraponiendo sistemáticamente a la lógica del crecimiento y del beneficio, la lógica alternativa de la satisfacción de las necesidades humanas reales, decididas democráticamente en el respeto prudente de los ecosistemas.
Notas: [1] Véase en especial Naciones Unidas, Estudio Económico y Social Mundial 2011, "La Gran Transformación Tecnológica Verde", p. V.; [2] PNUMA, "Hacia una Economía Verde", 2011; [3] Banco Mundial, 2011, "Crecimiento Verde Inclusivo: el camino hacia el desarrollo sostenible".
Daniel Tanuro, ingeniero agrónomo y ecologista, es colaborador del periódico La Gauche
Traducción para www.sinpermiso.info: Alfons Bech






Río 2012: la cumbre del “ahora o nunca”. Igual que nos dijeron en Río 1992

Vencidos por la esperanza. En esos aprietos nos vemos quienes hemos intentado defender los sistemas de vida de la Tierra. Cada vez que los gobiernos se reúnen a discutir la crisis medioambiental, nos dicen que esta es la "cumbre del ahora o nunca" de la que depende el futuro. Puede que las conversaciones hayan fracasado anteriormente, pero esta vez descenderá la luz de la razón sobre el mundo.  
Sabemos que es pura basura, pero dejamos que se eleven nuestras esperanzas, para ser testigos tan solo de cómo 190 países discuten toda la noche en torno al uso del subjuntivo en el párrafo 286. Sabemos que al final de este proceso el Secretario General de las Naciones Unidas, cuyo trabajo le obliga a emitir sinsentidos en un impresionante número de idiomas, explicará que las cuestiones sin resolver (a saber, todas ellas) se resuelvan en la cumbre del año próximo. Y sin embargo, todavía esperamos algo más.
La cumbre de la Tierra de esta semana en Río de Janeiro es una sombra fantasmal de la alegre y confiada reunión de hace veinte años. A estas alturas, nos dijeron los dirigentes que se reunieron en la misma ciudad en 1992, los problemas medioambientales del mundo se iban a haber resuelto. Pero todo lo que han generado son más debates, que continuarán hasta que los delegados, rodeados por el ascenso de las aguas, se hayan comido hasta la última paloma exótica, exquisitamente presentada envuelta en hojas de olivo. La biosfera que los líderes mundiales prometieron proteger se encuentra en peor estado hoy que hace veinte años. ¿No es hora de reconocer que han fracasado?
Estas cumbres han fracasado por la misma razón por la que han fracasado los bancos. Los sistemas políticos que se suponía que debían representarnos a todos reaparecen con gobiernos de millonarios, financiados por multimillonarios en nombre de los cuales actúan. Los últimos 20 años han sido un banquete de multimillonarios. A instancias de las grandes empresas y los megarricos, los gobiernos han eliminado las consideraciones limitadoras – leyes y reglamentaciones – que impiden que una persona destruya a otra. Esperar que gobiernos financiados y designados por esta clase protejan la biosfera y defiendan a los pobres es como esperar que un león se alimente de gazpacho.
No hay más que ver el modo en que los Estados Unidos han atacado con saña el borrador de declaración de la cumbre de la Tierra para aprehender la escala de este problema. El término "equitativo", insisten los EE.UU., debe ser purgado del texto. Lo mismo vale para cualquier mención del derecho a los alimentos, el agua, la salud, el imperio de la Ley, la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Otro tanto en lo que respecta a un objetivo claro de impedir dos grados de calentamiento global. Lo mismo en lo que toca al compromiso de cambiar "patrones insostenibles de consumo y producción", y a desacoplar el crecimiento económico del uso de recursos naturales.  
Lo que es más significativo, la delegación norteamericana exige la eliminación de muchos de los cimientos a los que se avino un presidente republican en Río en 1992. Sobre todo, se ha determinado a purgar cualquier mención del principio central de esa cumbre de la Tierra: responsabilidades comunes, pero diferenciadas. Esto quiere decir que, si bien todos los países deberían esforzarse por proteger los recursos mundiales, los que tienen más dinero y han causado mayores daños deberían desempeñar un papel mayor.
Se trata de un gobierno, recordémoslo, que no es el de George W. Bush sino el de Barack Obama. El sabotaje mezquino, paranoico, unilateral de los acuerdos internacionales continúa ininterrumpidamente. Ver a Obama dar marcha atrás a los compromisos contraídos por Bush senior hace veinte años es contemplar en qué medida todas un minúsculo grupo de plutócratas ha reafirmado su férula sobre la política.  
Si bien el impacto destructivo de los EE.UU. en Río es mayor que el de cualquier otro país, eso no excusa nuestros propios fallos. El gobierno británico preparó la cumbre de la Tierra hacienda descarrilar tanto nuestra Ley de Cambio Climático como la directiva de Eficiencia Energética europea. David Cameron no asistirá a la cumbre de la Tierra. Tampoco asistirá Ed Davey, secretario de Energía y Cambio Climático (lo que probablemente sea una bendición, pues se trata de un completo inútil).
No hace falta decir que Cameron, junto a otros ausentes como Obama y Angela Merkel, está asistiendo a la cumbre del G20 en México, que tiene lugar inmediatamente antes de Río. Otro principio de la cumbre de 1992 – que las cuestiones económicas y medioambientales no deberían tratarse aisladamente – hecho fosfatina.
No se puede hacer frente a la crisis medioambiental por medio de los emisarios de los multimillonarios. Es al sistema al que hay que desafiar, no las decisiones individuales que toma. A este respecto, la lucha por proteger la biosfera es la misma lucha por la redistribución, por la protección de los derechos de los trabajadores, por un Estado que ofrezca posibilidades, por la igualdad ante la Ley.
De modo que esta es la gran pregunta de nuestro tiempo: ¿dónde está todo el mundo? Han desaparecido los gigantescos movimientos sociales del siglo XIX y los primeros 80 años del siglo XX y nada ha venido a reemplazarlos. Aquellos de nosotros que todavía nos enfrentamos al poder injustificado oímos el eco de nuestros pasos en los espacios cavernosos antaño atestados por las multitudes. Cuando unos cuantos cientos de personas se plantan – como hicieron quienes acamparon con el movimiento “Ocupemos…” – el resto del país se limita a esperar la clase de cambio que requiere el trabajo sostenido de millones de personas.
Sin movimientos de masas, sin la clase de enfrentamiento necesario para revitalizar la democracia, todo lo que tiene valor queda borrado del texto político. Pero no nos movilizamos, tal vez porque seguimos incesantemente seducidos por la esperanza. La esperanza es la soga de la que todos nos colgamos.    
George Monbiot es uno de los periodistas medioambientales británicos más consistentes, rigurosos y respetados, autor de libros muy difundidos como The Age of Consent: A Manifesto for a New World Order y Captive State: The Corporate Takeover of Britain, así como de volúmenes de investigación y viajes como Poisoned ArrowsAmazon Watershed y No Man's Land.

Traducción para www.sinpermiso.info: Lucas Antón

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The Guardian, 18 de junio de 2012

viernes, 15 de junio de 2012

"Cualquier discusión sobre modelos de desarrollo debe debatir simultáneamente las alternativas al extractivismo"


FUHEM Ecosocial


Eduardo Gudynas es secretario ejecutivo del Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES), en Uruguay, actividad que combina con la docencia en numerosas universidades latinoamericanas, europeas y estadounidenses. Es autor de más de diez libros y numerosos artículos académicos y capítulos en libros, y en 2010 fue seleccionado para integrarse en el Panel Inter Gubernamental de Cambio Climático. Vinculado al trabajo de distintas redes y organizaciones ciudadanas, destaca como uno de los principales pensadores en cuestiones ecosociales. En esta entrevista centra su análisis en el extractivismo y las transiciones a modelos alternativos de desarrollo.



– Has analizado en profundidad el modelo extractivista y sus limitaciones. ¿Podrías hacer un breve diagnóstico de este modelo y explicar las razones por las que necesitamos trascenderlo? O dicho de otra forma, de no revisar el modelo, ¿hacia dónde vamos?


– Nosotros usamos el concepto de extractivismo en un sentido acotado y que responde en cierta medida a una herencia histórica. Recordemos que en las últimas décadas se habla de “industrias extractivas” al referirse especialmente a la minería. Allí está nuestro punto de partida y desde allí definimos el extractivismo como una extracción de grandes volúmenes de recursos naturales con altos impactos sociales y ambientales y que están esencialmente orientados a los mercados globales. Bajo esta concepción, no todas las extracciones de recursos naturales son una forma de “extractivismo”, sino que abordamos un conjunto específico, tanto por su volumen como por su orientación exportadora. Bajo esta idea son extractivistas no solo muchas explotaciones mineras y petroleras, sino también otras actividades de alto impacto y globalizadas, como los monocultivos de soja o la cría de camarones, e incluso bajo ciertas condiciones lo puede ser el turismo.
Esta particular manera de entender las cosas se explica debido a que ese tipo de actividades depende esencialmente de los mercados globales. La masiva extracción de recursos no sirve necesariamente a las demandas o consumo de los latinoamericanos, sino que se envían a otros continentes. Bajo esta particular mirada, el extractivismo es un componente más de la globalización contemporánea.
América Latina sufre un extractivismo que se intensifica, que se amplía a nuevas regiones, por ejemplo, penetrando más profundamente en el continente y, por lo tanto, se multiplican los efectos negativos, tanto sociales como ambientales. Es un estilo evidentemente insustentable. Si se sigue este camino nos encontraremos que algunos recursos se agotarán, quedarán los efectos ambientales a lo largo de varias generaciones y los pretendidos beneficios económicos se disiparán rápidamente. Por lo tanto, cualquier discusión sobre modelos al desarrollo debe debatir simultáneamente las alternativas al extractivismo.


– El extractivismo –esto es, el expolio de recursos naturales– está posibilitando un rápido crecimiento económico en América Latina. Este modelo no es nuevo en el continente, pero sí lo es el hecho de que también ha sido adoptado por los gobiernos de izquierda latinoamericanos, que legitiman esta vía a través de la financiación de programas sociales, lo que los ancla en una economía de enclave. ¿Qué oportunidades están perdiendo estos gobiernos con tal curso de acción?

– Es cierto. A diferencia de Europa, especialmente en América del Sur se vive una bonanza económica evidente. El país que menos ha crecido en el último año es Brasil, y los demás presentan cifras elevadas. Las exportaciones siguen subiendo, el ingreso de inversiones es muy intenso e incluso hay países como Uruguay, que registran pleno empleo o incluso déficits para algunos rubros. No hay crisis, por lo menos, en el sentido europeo, como manifestación de una debacle económica y financiera que arrastra el empleo y obliga a programas ortodoxos de ajuste. Un componente importante para explicar esta situación es el alto precio de las materias primas y la demanda global sostenida, y ello alimenta el extractivismo. Algunos países, como Colombia, se han mantenido en un extractivismo clásico, donde el protagonismo está en las grandes empresas internacionales. Otros países, en este caso los de la nueva izquierda o progresismo, están ensayando un mayor control estatal sobre algunos sectores extractivos, incluyendo una mayor captación de renta o dejándolo en manos de sus propias empresas nacionales. Pero la cuestión clave es que mantienen esencialmente el mismo modo de una intensa extracción de recursos naturales para exportarlos. Es muy claro que ese curso de acciones está generando creciente disconformidad ciudadana, incluso protestas en algunas zonas y en ciertos países. Entonces, la base política de esos gobiernos se desgasta. Pero también pierden la oportunidad de aprovechar esta buena coyuntura para reducir su extractivismo, rebajar su dependencia de la globalización y usar los enormes recursos financieros ahora disponibles para embarcarse en otras opciones de desarrollo.


– ¿Qué supondría para estos gobiernos incorporar las ideas de equidad y justicia en cuestiones socioecológicas?


– El extractivismo, incluso el progresista, genera claras tensiones y contradicciones con las ideas de justicia, tanto social como ambiental. El aceptar la contaminación de una comunidad o desplazar poblaciones tan sólo para implantar una minera viola buena parte de las ideas clásicas de la justicia, incluso aquellas de la propia izquierda. Es cierto que los gobiernos progresistas replican que ellos defienden la justicia social, de donde ese extractivimo es necesario para conseguir los dineros que se usan en sus planes contra la pobreza. Pero se cae en una política ingenua, donde el extractivismo exportador genera impactos sociales y ambientales que se intentan compensar económicamente, y para lo cual se aumenta todavía más ese mismo extractivismo. Esto es un círculo vicioso.


– En numerosos puntos de América Latina están surgiendo conflictos socioambientales o socioecológicos, algunos de gran relieve, pero muchos de los proyectos cuestionados continúan adelante. Esto revela varios puntos clave: la lectura errónea que muchos hacen de estos conflictos –como “obstáculos a la inversión”–, el fracaso de la pretendida legitimidad del proyecto extractivo y también carencias en nuestros sistemas democráticos. ¿Cómo interpreta los conflictos socioecológicos y la respuesta que se están dando?

– En efecto, el número de conflictos socioambientales alrededor del extractivismo está aumentando, no sólo en países que los han tenido repetidamente en los últimos años, sino que incluso aparecen protestas en otros países donde no eran tan frecuentes. En una reciente revisión hemos encontrado que todos los países sudamericanos, desde el extremo sur de Chile y Argentina a Guyana y Surinam, tienen algún tipo de conflicto social alrededor del extractivismo. La composición de esos conflictos es heterogénea y compleja. En casi todos los casos son expresiones de oposición o resistencia frente al extractivismo, pero hay en algunos casos movilizaciones de apoyo a inversiones mineras o petroleras. Establecidas estas tendencias, también es compleja, y debe manejarse con precaución, la dinámica política de esos conflictos. Es cierto que implican cuestionamientos democráticos sustantivos y deberán revisarse unas cuantas ideas e instrumentos. En algunos casos, las respuestas son sencillas, como puede ser el caso de no aceptar emprendimientos que claramente destruyen la biodiversidad o desplazan comunidades. En otros casos es más complejo, tal como sucede con el ordenamiento territorial, y el balance necesario que debe lograrse entre expectativas locales y necesidades nacionales. El problema es que el Estado y los agrupamientos político partidarios actuales parecen incapaces de manejar estas cuestiones de una manera sana y entonces comienzan a negar la protesta, se burlan de las demandas sociales o ambientales; y cuando eso no les resulta, pasan a atacarla, a veces lateralmente por medio de largas y desgastantes acciones judiciales contra sus líderes o, en otros casos, criminizándolos.


 Para trascender el extractivismo se han propuesto ideas sugerentes: un cambio cultural (revisar creencias), un cambio de enfoque (salirnos del antropocentrismo), una ampliación del foco (reconocer el ineludible vínculo entre lo social y lo ambiental) y un cambio de ética (para primar el valor de uso sobre el valor de cambio). ¿Cuáles serían, en su opinión, las claves de ese tránsito?


– El concepto de postextractivismo tienen todas esas ideas y aspiraciones en su base, pero es también una respuesta de emergencia: no puede seguir soportándose el actual embate en algunas zonas y, por lo tanto, son necesarias alternativas de emergencia. Por ello, el postextractivismo tiene dos componentes: por un lado medidas de respuesta inmediatas, como, por ejemplo, aplicar en serio las medidas sociales y ambientales dentro de cada país; y por otro lado, transformaciones de mayor profundidad. Unas y otras son necesarias. El postextractivismo, al menos en la forma en que viene siendo manejado desde Claes, es un proceso de transiciones sucesivas, continuadas, que comienzan con esas medidas de emergencia, pero no se detienen en ellas, y tiene un horizonte de cambio sustancial en los estilos de desarrollo.

– Defiendes que ese tránsito hacia el postextractivismo debe realizarse en forma de transición en fases. ¿Puede explicarlo brevemente? ¿Qué clase de cambio político es necesario para allanar el terreno hacia esas transiciones?

– Esta es una conclusión inevitable de los contextos sociales y políticos actuales. Buena parte de la sociedad sudamericana ha demostrado que puede generar cambios políticos sustanciales y hoy contamos con gobiernos de izquierda, lo que era impensable hace diez años atrás. Se podrán tener muchas críticas hacia esos gobiernos, pero le puedo asegurar que todos ellos, incluso el más moderado, están a la izquierda de varias de las administraciones que ahora se observan en Europa. Estos gobiernos tienen una amplia adhesión social, varios de ellos están en segundos mandatos con gran apoyo electoral. Para buena parte de esa ciudadanía el cambio ya se realizó, y por lo tanto las opciones para nuevos cambios políticos son más limitadas.

Por otro lado, la izquierda se ha insertado en una estrategia de desarrollo entendido como crecimiento y, a su vez, dándole un gran valor al consumo material. El consumismo está en plena explosión en el continente. Y es entendible que para mayorías que estuvieron relegadas, ahora puedan darse lo que consideran sus gustos o sueños, como su propio automóvil, grandes televisores o enormes equipos de audio. Especialmente en la grandes ciudades, el costo ambiental o la destrucción de la naturaleza que sustenta ese tipo de desarrollo aparece como algo lejano, inentendible o innecesario. No olvidemos que sigue vigente la idea de una América Latina enorme, repleta de grandes riquezas ecológicas que deben ser explotadas. Bajo esas condiciones se hace muy difícil incorporar a las mayorías en reducir el consumo material, colocar restricciones al uso de la naturaleza y otras formas de alternativa. Esto tomará su tiempo.
Finalmente, la propia esencia del Buen Vivir descansa en un reclamo de respetar la diversidad de valoraciones y percepciones sobre la naturaleza, la sociedad y la buena vida. Por lo tanto, no puede haber imposiciones autoritarias de ninguna alternativa; todas ellas deben ser construidas democráticamente.

– Si examinamos las alternativas al extractivismo, se observa un sincretismo de nuevas y viejas ideas: conceptos emanados de las cosmovisiones tradicionales de los pueblos originarios, como el sumak kawsay o los derechos de la naturaleza –que defiende, entre otros, Alberto Acosta– junto a propuestas de nuevo cuño, como el decrecimiento que propone Latouche o la autocontención de Jorge Riechmann y Joaquim Sempere. Hay mucho debate tanto en América Latina como en Europa en torno a estos conceptos. ¿Qué ideas te parecen más prometedoras? ¿Hay un diálogo entre los pensadores a ambos lados del océano?


– De nuevo aquí las cuestiones son un poco más complejas de lo que aparece a simple vista. Es cierto que en lo que ahora se llama “buen vivir” hay un sincretismo entre aportes que podría decirse vienen de saberes indígenas y otros que vienen de sectores críticos occidentales. Pero es apropiado hacer unas primeras precisiones: el “buen vivir” toma componentes de tradiciones de los pueblos indígenas, en especial de las formas de entender las comunidades en forma ampliada y de otras valoraciones de la naturaleza. Pero también se toman algunos aportes que se originan en posturas críticas, marginalizadas, secundarias, desde esos márgenes del saber occidental. Hay dos de ellas que son muy claras: la ecología profunda y el feminismo. Las relaciones entre estos aportes, la forma en que se mezclan, hibridizan y condicionan es una peculiaridad claramente sudamericana y, en especial, andina. Allí diría que hay coincidencias, por ejemplo, con el trabajo de Riechmann, las críticas al desarrollo de José María Tortosa o muchos de los cuestionamientos que hace Carlos Taibo, quienes son leídos en el sur. Pero no veo similitudes o encuentros fáciles de sostener entre el Buen Vivir y el decrecimiento, especialmente en las formulaciones de Serge Latouche.

– ¿Por qué no?


– Es que el decrecimiento sigue siendo una reacción al “crecimiento” y el Buen Vivir se desacopla, se desentiende del crecimiento o el decrecimiento. Las propuestas más prácticas de Latouche de un decrecimiento resultan totalmente insuficientes para el contexto latinoamericano. Son, por ejemplo, muy débiles en cuestiones ambientales, no reconocen los derechos de la naturaleza, se preocupan mucho por cuestiones casi instrumentales como sus “r”, de reutilizar, redistribuir, reducir, etc. Tampoco es una propuesta intercultural: acepta que el sur debe hacer su propio decrecimiento, pero no ha avanzado en cómo dialogar con esas otras culturas. A mi modo de ver, el decrecimiento es un movimiento entendible en los países industrializados, con altos niveles de opulencia, pero no puede ser el objetivo o meta de una alternativa al desarrollo. En nuestras propuestas el decrecimiento, en vez de ser una meta, es una consecuencia de otros cambios más profundos. En América del Sur habrá sectores que deberán decrecer, por ejemplo, en el consumo suntuario, pero otros deberán crecer, como es el caso de infraestructura en escuelas o centros de salud.

– ¿Es posible mejorar el modelo extractivista con reformas parciales, como abogan los ideólogos del “desarrollo sostenible” y de la “economía verde”? ¿Constituyen auténticas alternativas de obligado paso para trascender el extractivismo?


– Depende del sentido de la palabra que le demos a “mejorar”. Si “mejorar” es solo hacer una campaña de publicidad para sostener un emprendimiento contaminante, eso claramente es indefendible. Pero si mejorar es, por ejemplo, poner filtros para evitar la contaminación del agua, eso es necesario, y más aún, es urgente. Entiendo que eso dejará disconforme a más de uno en Europa y en varias capitales sudamericanas, pero hay muchas comunidades locales que necesitan respuestas cuanto antes. Es lo que se viene llamando “extractivismo sensato”; no es una solución final, sino que son respuestas para atender demandas sociales, salvar ecosistemas amenazados e iniciar cambios económicos de mayor alcance.

La cuestión está en que debe entenderse que esas mejoras no son soluciones finales, sino reformas de urgencia. Y también debe entenderse que solo es posible aceptar aquellas reformas que brinden oportunidades para seguir avanzando en nuevas y más profundas transformaciones. Eso explica que, a mi modo de ver, reformas, como buenas medidas de control de la calidad ambiental, sean útiles, pero otras reformas, como la venta en dinero de servicios económicos, sean negativas y deben ser desestimadas. Las primeras brindan soluciones para lidiar con la urgencia, sirven para internalizar algunos impactos ambientales y permiten seguir avanzando. Las segundas me estancan en una mercantilización de la naturaleza. En este segundo caso está la “economía verde”, que no tiene mucho de verde, sino que aparece como una respuesta para retomar el crecimiento económico.

– La crisis económica y los recortes sociales en Europa, por un lado, y los graves impactos sociales y ecológicos en los países extractivistas, por otro, ¿pueden interpretarse como señales de alarma de que el actual modelo está en quiebra? En este sentido, este giro copernicano que supone abandonar el extractivismo –o reducirlo sensiblemente–, ¿dejará sin base al capitalismo?

– No tengo dudas que estamos en un momento de crisis. Lo que debe entenderse es que el capitalismo es un proceso que navega en las crisis. Es más, aprende de ellas y se reformula. Eso obliga a ser muy precavidos con asumir que esa estrategia está en crisis en el sentido de estar al borde de un colapso. Pero a su vez, esa propia dinámica de crisis tiene un costo social y ambiental enorme, y en algunos casos se acumulan fuerzas de resistencia y reclamo que permiten hacer un giro, un cambio.

En nuestras percepciones en América del Sur y en la marcha actual de las discusiones está quedando en claro que las alternativas al desarrollo están más allá del capitalismo, pero también del socialismo. Justamente aquí aparece la potencialidad de los aportes de los saberes indígenas sobre el Buen Vivir porque ellos dan ese empuje necesario para poder ver más allá de la modernidad occidental. Bajo esta mirada, el extractivismo, en el sentido dado al inicio de esta entrevista, como masiva apropiación de la naturaleza ligada a la globalización, debe desaparecer. Esto no quiere decir tener una naturaleza intocada, sino que se deberán aprovechar los recursos, pero solamente aquellos realmente necesarios e indispensables para asegurar la calidad de vida. Sin duda, es un futuro más austero.


miércoles, 6 de junio de 2012

Perú Adiós Humala


Oscar Ugarteche *
Alainet


Tras la "masacre política" de diciembre del 2011, Ollanta Humala ha decidido convencer al mundo de que no solo es un militar sin palabra, sino un político con ideología neoconservadora. Este convencimiento se lo hizo primero a los venezolanos que lo apoyaron en la campaña del 2006 y luego a los brasileños que lo apoyaron en el 2011, y ahora lo viene llevando a la calle. No ha bastado "limpiar" a su gobierno de funcionarios progresistas, ahora es fundamental declarar la lucha de clases a la antigua, a balazo limpio. En distintas partes del Perú, y con el aplauso de la pintoresca y bravucona derecha nacional, Ollanta Humala y su gobierno se enfrentan y desafían al pueblo que ha votado por él. ¿Para qué?

Humala pretendió ser el caudillo progresista esperado en dos décadas. Participante del Foro de Sao Paulo, los partidos políticos de la izquierda latinoamericana lo acogieron y apoyaron en sus campañas diversas desde el 2005. La derecha lo acusó por todo esto de ser primero el candidato de Chávez y la señora Heredia fue perseguida por una parte de la prensa peruana a partir de las elecciones del 2006 por sus vínculos con Venezuela. Por esto tuvo de portavoces de campaña a Mocha García Naranjo y a Nicolás Lynch que venían de las izquierdas.

Luego de su salto a la esfera de influencia de Brasil para la campaña del 2011, creando una mejor imagen de amigo de Lula da Silva y con posiciones más moderadas, la misma prensa lo persiguió por tener un asesor que representaba los intereses empresariales brasileños. El día del triunfo electoral, en junio del 2011, los titulares limeños no lo dieron por ganador sino por empate y anunciaron la necesidad de una concertación política. La derecha decía que éste no podría gobernar sin ella. De allí salió la baraja conservadora dentro del gabinete nombrado el 28 de julio del 2011. Sin embargo ni entonces ni después hubo concertación. La que hizo la derecha fue un asalto al poder. Lo que hay es una vuelta de la tortilla. Una revolución en su sentido cabal. Ganaron los que perdieron y perdieron los que ganaron como ya se dijo hasta la saciedad.

Una cosa es la prensa limeña conservadora y otra la realidad política en el campo. Cuando en Espinar el 76% de la población que ha votado por el candidato ve como ya de presidente los agarra a balazos, la cosa está complicada. Peor si encima mete a la cárcel a la gente de la Vicaría de la Solidaridad de Sicuani por terrorismo que fue a ver qué pasa. Y aún peor, cuando además presiona al presidente de la Corte Suprema a hacer cosas reñidas con la independencia de poderes y lo consigue, permitiendo así el secuestro de autoridades electas para su juicio en otras jurisdicciones. Lo que hay en el Perú, a un año de electo el nuevo gobierno, es un régimen mafioso y matonesco no muy distinto al de Fujimori.

Queda la interrogante de si Ollanta Humala piensa algo. Cualquier cosa. Y si tiene alguna línea. Cualquier línea. Reflejos políticos claramente no tiene. Descartado el verbo "pensar", ¿Creerá que va a terminar su gobierno? ¿Cómo lo va a hacer? Que Washington piense que esto se arregla a balazos en el nombre del control del terrorismo es un tema relacionado al negocio de la venta de armas. Lo que a los peruanos nos concierne es nuestro país y adónde va. Cada vez hay menos ciudadanos dispuestos a que los atropellen en todo el país. Ese es el único complot. Hay más ciudadanía. Y los jóvenes de ahora son más ciudadanos que lo que han sido en mucho tiempo al margen de la geografía. Medio Oriente nos muestra que la calle pesa en el mundo y el Perú no es una excepción, aunque esa calle sea de tierra en un pueblo con un río contaminado al lado.

Venimos de una dinámica de desintegración nacional que comenzó en la década del 80, cortesía de Sendero y García, a través de las masacres, la hiperinflación y el colapso económico de los años 80. Se intentó recuperar el sentido nacional mediante la estabilización económica de los años 90, las investigaciones sobre corrupción de Fujimori y sus secuaces, y la formación de Comisión de la Verdad en la primera parte del siglo XXI. Tras la elección de Humala en simultáneo tenemos como siempre a la cruz y la espada actuando juntas. El Primer Ministro nombrado en diciembre resulta una expresión del fujimorismo castigado en junio del 2011 por el voto presidencial. Este ha tomado partido en un tema muerto y acabado, como es la sentencia de la Corte Interamericana sobre la Embajada del Japón (1997). Al mismo tiempo, el cardenal echó al padre Gastón Garatea S.S.C.C., ex Comisionado de la Verdad, de la práctica religiosa en Lima. El tema de los militares en los años aciagos ha revivido de la mano de cruz y la espada. Días más tarde se violentaron las protestas sociales anti mineras mientras la policía secuestraba a los alcaldes para enjuiciarlos fuera de su jurisdicción legal. En el Perú, los derechos humanos de los alcaldes son una cojudez total, parafraseando.

El tono de la renuncia de la congresista Verónica Mendoza del Partido Nacionalista la mañana del lunes 4 de junio debería de alertar a Humala y todo su combo, civil, religioso y militar, que pueda que no acabe su periodo. Dice: "La represión como un resorte automático frente a las demandas populares genera más resistencia de la gente, cayendo en un círculo vicioso. No obstante, condenamos tajantemente todo tipo de violencia venga de donde venga. Es necesario que las organizaciones sociales, la sociedad civil y todos los sectores que expresan su malestar por la imposición de las industrias extractivas se manifiesten de forma democrática, organizada y pacífica. Ni un muerto más, ni civiles ni personal policial. ¡Ni un muerto más! Hago un llamado a defender la vida con la vida, no con la muerte."

Y la Coordinadora de Derechos Humanos el mismo lunes 4 de junio ha pedido la renuncia del Premier Valdés. Si los jóvenes tomaran conciencia de su poder, esto podría devenir en marchas de renuncia del Presidente de parte de organizaciones crecientes de la población afectada no solo por la minería sino por el engaño electoral del 2011. Mientras tanto faltan cuatro años de gobierno.
* Oscar Ugarteche, economista peruano, trabaja en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, México. Es presidente de ALAI y coordinador del Observatorio Económico de América Latina (OBELA)www.obela.org



sábado, 2 de junio de 2012

La región Cajamarca y todo el Perú contra la "Newmont Mining Corporation"


Paro indefinido contra el Proyecto Conga



El jueves 31 de mayo se inició en todas las provincias del departamento de Cajamarca el Paro Regional Indefinido contra el Proyecto Conga de la Newmont Mining Corporation, que pretende extraer cobre y oro abriendo gigantescos tajos o cráteres, en la delicada ecorregión Jalca de los distritos de Sorochuco y Huasmín (provincia de Celendín) y La Encañada (provincia de Cajamarca). El paro fue acordado y convocado en una asamblea extraordinaria de los Frentes de Defensa Ambiental de las 13 provincias del Departamento de Cajamarca el 23 de abril, para rechazar la implementación del Proyecto Conga de la empresa transnacional estadounidense Newmont Mining Corporation y de su filial en Cajamarca Minera Yanacocha, de la que la Newmont es accionista mayoritaria.

El Proyecto Conga de Newmont-Yanacocha destruiría directamente cinco lagunas (El Perol, Empedrada, Azul, Chica y Mala), centenares de hectáreas de bofedales (praderas altoandinas inundadas que aseguran que los ríos y quebradas tengan caudales en las temporadas de estiaje), decenas de manantiales y canales de riego; convertiría en desierto alrededor de 3,000 hectáreas de tierras; destruiría cinco cabeceras de cuenca (de los ríos Chirimayo, Chugurmayo, Jadibamba, Toromacho y Challuagón); aniquilaría 520 especies de plantas, entre ellas 46 especies endémicas del Perú, y, de éstas, 6 especies endémicas del departamento de Cajamarca; destruiría los nichos ecológicos (las condiciones de vida y de reproducción) de 225 especies de vertebrados; destrozaría cerros y colinas, además de los cauces naturales de ríos y quebradas; contribuiría al efecto invernadero al aniquilar toda la cobertura vegetal en más de 3,000 hectáreas y emitir CO2 y otros gases, y anularía las posibilidades de desarrollo sostenible de las provincias de Celendín, Cajamarca, Hualgayoc y otras que conforman una gran parte de la Región Cajamarca.


En la ciudad de Cajamarca, capital del departamento y región del mismo nombre, el primer día del paro se inició con el bloqueo de las principales vías de acceso. En horas de la mañana, diversas delegaciones de las organizaciones sociales e instituciones públicas y privadas, así como de los caseríos y distritos de la propia provincia y de las provincias vecinas de San Marcos, San Pablo y Hualgayoc, iniciaron una gigantesca movilización por varias calles de la ciudad, y luego todas las delegaciones se concentraron en la Plaza de Armas, que prácticamente se colmó de manifestantes del campo y la ciudad y de todos los estratos sociales. Allí, ya pasado el mediodía, se desarrolló un multitudinario mitin popular en el que hicieron uso de la palabra los dirigentes de los Frentes de Defensa Ambiental, el presidente del Gobierno Regional, algunos alcaldes y dirigentes de varias organizaciones populares.

Mientras esto sucedía en Cajamarca, en la ciudad de Celendín, capital de la provincia del mismo nombre, se desarrollaba otra multitudinaria movilización y mitin ecologista contra Minas Conga. Según informó Milton Sánchez Cubas, Presidente de la Plataforma Interinstitucional Celendina, alrededor de 1,000 pobladores del distrito de Sorochuco se desplazaron hacia la laguna El Perol para defenderla; por su parte, aproximadamente unos 2,000 pobladores del distrito de Huasmín subieron hasta la laguna Cortada. La movilización y mitin en Celendín pueden verse en:

http://celendinlibre.wordpress.com/2012/06/01/celendin-primer-dia-de-paro-indefinido-masiva-participacion/

http://celendinlibre.wordpress.com/2012/06/01/video-celendin-primer-dia-de-paro-indefinido-conga-no-va-31-05-2012/

En Bambamarca, capital de la provincia de Hualgayoc, la primera jornada del paro indefinido también fue acatada al ciento por ciento.


También hubo movilizaciones y jornadas de lucha en solidaridad con las de Cajamarca en otras regiones del país, especialmente en las ciudades de Ayacucho y Arequipa, como puede verse en los siguientes enlaces con el blog Sin Patrones:

http://sinpatronesperu.blogspot.com/2012/05/ayacucho-cientos-le-dijeron-no-la.html

http://sinpatronesperu.blogspot.com/2012/05/solidaridad-con-cajamarca-desde-todo-el.html

http://celendinlibre.wordpress.com/2012/06/01/arequipa-marchan-en-rechazo-a-proyecto-conga-de-yanacocha-y-reslapando-a-region-cajamarca-a-la-vez-rechazan-la-mineria/

En horas de la tarde del 31 efectivos de la Policía Nacional arremetieron contra mujeres y pobladores que preparaban una olla común en la Plazuela Bolognesi para la cena de las delegaciones provenientes del campo; los policías, convertidos en la fuerza bruta de Newmont-Yanacocha, lanzaron bombas lacrimógenas y patearon las ollas con los alimentos. Imágenes de la brutal represión pueden verse en el siguiente enlace, sobre todo al final del corto vídeo:

http://sinpatronesperu.blogspot.com/2012/05/la-policia-del-peru-matones-de-newmont.html

http://sinpatronesperu.blogspot.com/2012/05/paro-en-cajamarca-heridos-y-detenidos.html

El gobierno de Ollanta Humala, traicionando sus promesas de campaña electoral, actúa en complicidad con Minera Yanacocha y otras empresas mineras. El 29 de diciembre del 2011 masacró a los pobladores que custodiaban las lagunas altoandinas y 4 de diciembre decretó el estado de emergencia en varias provincias cajamarquinas. En lo que va de su mandato ya van 14 muertos; de ellos, 4 en la pronincia cusquela de Espinar, donde los pobladores lucha contra la minera Xtrata Tintaya. El responsable directo de estas masacres es el Primer Ministro Oscar Valdés, un militar en retiro vinculado a Fujimori y Montesinos, que purgan prisión.

Cajamarca y el Perú necesitan urgentemente el apoyo no sólo de los movimientos ecologistas de todo el mundo sino también de los movimientos de indignados de todo el mundo, especialmente de los de Estados Unidos, en su lucha contra la Newmont Mining Corporation que forma parte del 1% de archimillonarios que han llevado a la debacle a los norteamericanos y que en el caso de Cajamarca amenaza contra los ecosistemas, la vida, la salud y el desarrollo.

En el Perú de Humala Balas contra las protestas mineras


Brecha, Montevideo, 1-6-2012


También los gobiernos progresistas reprimen a las comunidades locales que se resisten a aceptar los proyectos de instalación en sus tierras de compañías multinacionales mineras especialmente depredadoras.

El gobierno peruano de Ollanta Humala es reincidente en ese plano. En esta ocasión se trata de la población campesina de una zona elevada (más de cuatro mil metros de altura) de la provincia de Espinar, en la región andina de Cusco, que salió a manifestar contra la minera de origen suizo Xstrata Copper, a la que responsabiliza de la contaminación de los cursos de agua del área que alimentan sus magros cultivos de subsistencia. La Vicaría Católica de Solidaridad de la Prelatura de Sicuani recordó esta semana que un estudio realizado en febrero por el estatal Centro de Salud Ocupacional y Protección del Medio Ambiente había encontrado muestras de contaminación por arsénico y mercurio "por encima de los estándares de calidad ambiental. Se encontraron 28 personas con valores superiores al límite de referencia con mercurio, 24 con valores de arsénico superiores al límite referencial y 10 personas con valores de cadmio por encima del valor referencial".

Los pobladores dicen también que la minera saca gigantescas utilidades de la explotación de las minas, por las que paga un canon ínfimo y reclaman que más dinero quede en la zona. Desde hace casi dos semanas están paralizadas las actividades en Espinar por un paro general. El lunes la policía mató a balazos a dos pobladores, hirió a veinte y atacó a las ambulancias que transportaban a los lesionados hacia centros de salud, según testigos. En la noche de ese mismo día, el gobierno decretó el estado de emergencia en toda la provincia, suspendiendo las garantías individuales. El martes, el líder de la protesta, Herbert Huamán, presidente del Frente de Defensa de Espinar, fue detenido, mientras el alcalde de la localidad, Óscar Mollohuanca, pasó literalmente a la clandestinidad luego de declarar que sabía de la existencia de una orden de arresto en su contra. Pese al estado de emergencia, las movilizaciones se han mantenido.

El primer ministro Óscar Valdés, un militar retirado considerado cercano a los sectores empresariales, justificó la represión policial y tildó de "extremistas" a los pobladores de Espinar que resisten a la minera, imitando la línea del propio presidente Humala, que dos días antes los había llamado "violentistas". Cuando estaba en la oposición, e incluso en campaña electoral, Humala defendía el derecho de las poblaciones locales a decidir su propio destino y a resistir la implantación de proyectos industriales contaminantes, como está comprobado que es el de Xstrata. Con los dos de esta semana ya son 12 los campesinos muertos por la policía peruana en protestas sociales luego que Humala asumiera el poder en julio pasado, fundamentalmente desde diciembre, mes en que Valdés fue nombrado primer ministro. La zona de Cusco fue una de las que más apoyó al actual presidente en las últimas elecciones: ocho de cada diez electores le dieron su voto.

La actitud del gobierno en el caso de Espinar fue criticada (algo) en filas del oficialismo, pero fue fuertemente apoyada por la oposición parlamentaria de derecha. La represión policial de los conflictos sociales ambientales le está dando por otra parte nuevos dolores de cabeza familiares a Humala. Esta misma semana venció el plazo dado al gobierno por la población -y también por las autoridades locales- de Cajamarca, al norte de Perú, para anular, como se había comprometido a hacer, el proyecto de explotación de una mina de oro a cielo abierto que ya había sido concesionada a una empresa dominada por la trasnacional Newmont. Las movilizaciones han sido respaldadas por el padre del presidente, Isaac Humala. El veterano (tiene más de 80 años) anunció que iba a viajar a Cajamarca para sumarse a las manifestaciones de protesta.